jueves, 23 de septiembre de 2010
viernes, 27 de marzo de 2009
Reforma electoral, falsas promesas
No hay que darle muchas vueltas para reconocer importantes avances en la reforma electoral de 2007. La disminución neta del dinero con el que cuentan los partidos políticos como parte de sus prerrogativas, dinero que pasaba directamente a las arcas de la televisoras privadas, así como campañas y precampañas más cortas son aciertos indiscutibles. Lo mismo el hecho de que grupos de interés privado y administraciones locales y federales ya no puedan incidir en el voto ciudadano a través de la transmisión de mensajes de apoyo o condena a candidatos o posturas políticas determinadas.
A pesar de estos beneficios hay que señalar una limitante fundamental en dicha reforma: la validación de un modelo de comunicación política basado en la concepción cuantitativa de la comunicación. Al respecto de este señalamiento me permito poner en la mesa algunas consideraciones.
Primero, la negatividad de las campañas no depende del formato de adquisición y transmisión de los spots. El que los partidos políticos ya no puedan producir y trasmitir spots en periodos muy cortos de tiempo, al verse sujetos al pautaje anticipado del IFE, no significa que la negatividad desaparecerá de las pantallas. Se trata, eso si, de una contradicción fundamental en el nuevo modelo de comunicación establecido en la ley electoral. Los partidos harán uso masivo de una herramienta de comunicación cuya principal virtud es incidir inmediatamente en la agenda de los medios. Países que sostienen el modelo cuantitativo de publicidad política como los Estados Unidos, demuestran que la razón de ser de los spots es su velocidad estratégica y no su planeación anticipada. Enviar las producciones al IFE semanas antes de salir aire augura su inoperancia persuasiva. ¿Para qué quieren los partidos 33 millones de spots que irán desfasados de las campañas en los medios?
Segundo, negatividad e información no son características excluyentes en un mensaje. Los llamados spots negativos pueden ser mucho más informativos que un spot autorreferencial y adulatorio. Si la idea de la reforma es aumentar el valor nutricional de mensajes de 30 segundos temo mucho que los esfuerzos serán en vano. El formato, la duración y sobre todo la falta de credibilidad ante la audiencia hacen muy difícil que los spots ofrezcan el más mínimo espacio de reflexión democrática en una sociedad moderna. Pretender que el esquema actual de transmisión de publicidad política propicie un debate más razonado es como confiarle a un puñado de cacahuates la responsabilidad de nutrir a millones de personas en este país. Los spots “positivos” pueden ser tan dañinos como los “negativos”. La banalidad y escasa profundidad de los mensajes, la retórica superficial y la nula oportunidad para entablar un diálogo con la ciudadanía obstaculizan la construcción de una cultura democrática de calidad. Cultura que no se logra con un curso intensivo de varias horas frente al televisor.
Tercero, ubicar al IFE como un mero “administrador de tiempos oficiales” es inexacto ya que el Instituto si cuenta con las facultades de sancionar a un partido político por la transmisión de un mensaje a partir de la queja de otro. Aquí la inconsistencia descrita en el primer punto se repite. Si los spots tienen un efecto al momento de ser transmitidos, cualquiera que éste sea, de qué sirve hacer un dictamen a posteriori. En materia de comunicación política esto no solo es ineficaz para inhibir la transmisión de determinados contenidos sino que incrementa el valor noticioso del mismo mensaje, magnificando así su exposición en los medios de comunicación. Quien dude que los partidos políticos no pondrán a prueba la capacidad de respuesta del IFE en este sentido ya puede ir comprando su boleto a la feria de la ingenuidad.
Cuarto, la supuesta ventaja de la “gratuidad” de estos millones de mensajes no es clara del todo. Es cierto que los partidos no pagarán por el tiempo aire aunque esto no significa que dicho impuesto solo pueda pagarse de esta forma. La solución no es, como Vicente Fox pretendió en su momento, intentar deshacerse de él. Utilizar un bien de la nación con fines de lucro debe, sin duda, representar el pago de un impuesto al Estado mexicano. Sin embargo, destinar este pago a cimentar la concepción de que lo importante en las campañas es repetir incesantemente un mensaje sin importar la poca información que éste contenga es un serio error. ¿Acaso no sería más enriquecedor invertir estos espacios en foros mucho más interactivos y desafiantes, que propicien un verdadero proceso de comunicación entre partidos y ciudadanía? Es claro que no me refiero al soporífero formato de “mesa de debate” tan característico de las producciones “especiales” del IFE.
Por último, pierden los empresarios de la radio y la televisión con la nueva reforma pero pierde también la sociedad mexicana. Ver inundadas las pantallas de mensajes que aportan muy poco al debate democrático es solo la punta del iceberg. El estilo actual de las campañas nos puede llevar a pensar que la publicad política, tal y como la conocemos hoy en día, es algo normal e incluso deseable. Sin embargo, esta publicidad no enriquece nuestra vida democrática, la empobrece. Puede hacernos creer que es la única forma de hacer campaña y pone al descubierto la muy escasa imaginación de los partidos políticos a la hora de “comunicarse” con el electorado. Hay que trascender esta concepción cuantitativa de la comunicación política si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia.
A pesar de estos beneficios hay que señalar una limitante fundamental en dicha reforma: la validación de un modelo de comunicación política basado en la concepción cuantitativa de la comunicación. Al respecto de este señalamiento me permito poner en la mesa algunas consideraciones.
Primero, la negatividad de las campañas no depende del formato de adquisición y transmisión de los spots. El que los partidos políticos ya no puedan producir y trasmitir spots en periodos muy cortos de tiempo, al verse sujetos al pautaje anticipado del IFE, no significa que la negatividad desaparecerá de las pantallas. Se trata, eso si, de una contradicción fundamental en el nuevo modelo de comunicación establecido en la ley electoral. Los partidos harán uso masivo de una herramienta de comunicación cuya principal virtud es incidir inmediatamente en la agenda de los medios. Países que sostienen el modelo cuantitativo de publicidad política como los Estados Unidos, demuestran que la razón de ser de los spots es su velocidad estratégica y no su planeación anticipada. Enviar las producciones al IFE semanas antes de salir aire augura su inoperancia persuasiva. ¿Para qué quieren los partidos 33 millones de spots que irán desfasados de las campañas en los medios?
Segundo, negatividad e información no son características excluyentes en un mensaje. Los llamados spots negativos pueden ser mucho más informativos que un spot autorreferencial y adulatorio. Si la idea de la reforma es aumentar el valor nutricional de mensajes de 30 segundos temo mucho que los esfuerzos serán en vano. El formato, la duración y sobre todo la falta de credibilidad ante la audiencia hacen muy difícil que los spots ofrezcan el más mínimo espacio de reflexión democrática en una sociedad moderna. Pretender que el esquema actual de transmisión de publicidad política propicie un debate más razonado es como confiarle a un puñado de cacahuates la responsabilidad de nutrir a millones de personas en este país. Los spots “positivos” pueden ser tan dañinos como los “negativos”. La banalidad y escasa profundidad de los mensajes, la retórica superficial y la nula oportunidad para entablar un diálogo con la ciudadanía obstaculizan la construcción de una cultura democrática de calidad. Cultura que no se logra con un curso intensivo de varias horas frente al televisor.
Tercero, ubicar al IFE como un mero “administrador de tiempos oficiales” es inexacto ya que el Instituto si cuenta con las facultades de sancionar a un partido político por la transmisión de un mensaje a partir de la queja de otro. Aquí la inconsistencia descrita en el primer punto se repite. Si los spots tienen un efecto al momento de ser transmitidos, cualquiera que éste sea, de qué sirve hacer un dictamen a posteriori. En materia de comunicación política esto no solo es ineficaz para inhibir la transmisión de determinados contenidos sino que incrementa el valor noticioso del mismo mensaje, magnificando así su exposición en los medios de comunicación. Quien dude que los partidos políticos no pondrán a prueba la capacidad de respuesta del IFE en este sentido ya puede ir comprando su boleto a la feria de la ingenuidad.
Cuarto, la supuesta ventaja de la “gratuidad” de estos millones de mensajes no es clara del todo. Es cierto que los partidos no pagarán por el tiempo aire aunque esto no significa que dicho impuesto solo pueda pagarse de esta forma. La solución no es, como Vicente Fox pretendió en su momento, intentar deshacerse de él. Utilizar un bien de la nación con fines de lucro debe, sin duda, representar el pago de un impuesto al Estado mexicano. Sin embargo, destinar este pago a cimentar la concepción de que lo importante en las campañas es repetir incesantemente un mensaje sin importar la poca información que éste contenga es un serio error. ¿Acaso no sería más enriquecedor invertir estos espacios en foros mucho más interactivos y desafiantes, que propicien un verdadero proceso de comunicación entre partidos y ciudadanía? Es claro que no me refiero al soporífero formato de “mesa de debate” tan característico de las producciones “especiales” del IFE.
Por último, pierden los empresarios de la radio y la televisión con la nueva reforma pero pierde también la sociedad mexicana. Ver inundadas las pantallas de mensajes que aportan muy poco al debate democrático es solo la punta del iceberg. El estilo actual de las campañas nos puede llevar a pensar que la publicad política, tal y como la conocemos hoy en día, es algo normal e incluso deseable. Sin embargo, esta publicidad no enriquece nuestra vida democrática, la empobrece. Puede hacernos creer que es la única forma de hacer campaña y pone al descubierto la muy escasa imaginación de los partidos políticos a la hora de “comunicarse” con el electorado. Hay que trascender esta concepción cuantitativa de la comunicación política si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia.
IFE: ¿más atribuciones, menos independencia?
La reforma al COFIPE que se cocina en el legislativo coloca en un primer plano la tensión entre las ‘nuevas’ atribuciones del Instituto Federal Electoral y su propia autonomía. El punto de partida es, sin lugar a dudas, la designación del nuevo Consejero Presidente así como la de dos consejeros electorales. La modificación a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados que permitirá a la Junta de Coordinación Política proponer a los candidatos y candidatas a ocupar sendos cargos, es fiel muestra de lo que muchos ya habían anticipado: los nuevos consejeros se elegirán (aquí intercambio por designar pero nótese por favor que la diferencia de facto es nula) a partir de una negociación entre los tres principales partidos políticos.
En esencia, se tratará del mismo mecanismo utilizado en 2003 para sustituir al Consejo General que entonces presidía José Woldenberg. Aun a pesar de confirmar que este método de renovación es el peor de todos, los diputados argumentan hoy que no encontraron otro. Cómo iban a hacerlo si éste es el único que garantiza una influencia directa en el perfil de quienes conformarán este Consejo. Renunciar a este esquema de postulación-negociación-designación parece no estar dentro de los planes partidistas. A pesar de lo sucedido en 2003, el empeño por negociar y acordar a los integrantes del Consejo General no cesa, todo lo contrario, se intensifica. Es crucial preguntarse qué pasaría si este consenso no se da otra vez. Qué harán los diputados para resolver esta parálisis legislativa. El tiempo para tomar la decisión esta marcado por la ley y, al igual que hace cuatro años, llegará la hora en la que, con acuerdos o sin ellos, los partidos tendrán que votar las propuestas en el pleno. Una verdadera bomba de tiempo legislativa.
En un proceso paralelo de negociación estarán las nuevas atribuciones del IFE, cito solamente algunas de las propuestas que se han difundido en días recientes, como la de sancionar a un concesionario de radio o televisión con la suspensión de transmisión hasta por 30 días por transmitir mensajes que, ya sea por su contenido o por su patrocinador, no se apeguen a los estipulado en el COFIPE. Otra atribución novedosa sería el poder sancionar directamente a candidatos y partidos por el mal manejo financiero que, con o sin su conocimiento, cometan miembros de su equipo de campaña. No es que medidas de esta índole no sean bienvenidas, en este caso es más aplaudible la segunda que la primera. Se trata de multiplicar exponencialmente los riesgos que tendrá el IFE al momento de incidir en el resultado de una elección.
Un alto poder para sancionar combinado con la poca independencia de quienes tomarán estas decisiones puede ser el peor escenario. Entre más poder tenga una institución para sancionar a partidos políticos, concesionarios de radio y televisión o, incluso, a terceros que infrinjan la ley electoral, el grado de independencia de presiones, chantajes y compromisos requerido para ejecutar estas tareas con imparcialidad es altísimo.
Lo malo no es que el consejo general sea paralizado por este temor a la remoción, recordemos que la elección de tres consejeros implica además decidir quienes serán los tres consejeros que deben dejar sus cargos a finales de este año y tres en agosto de 2008. La pregunta no es quienes, a aparte de Luis Carlos Ugalde, se van y quienes se quedan, sino que harán los consejeros para evitar irse o garantizar su estadía. Estarán dispuestos estos consejeros ha comprometerse con tal de no ser despedidos por los partidos políticos. Si eso no es depender del criterio subjetivo e interesado de un partido político entonces yo no se que si lo es. Poca independencia y mucho poder es el peor escenario posible para un trabajo profesional como el que requiere el IFE.
No olvidemos que México es de los pocos países en las democracias occidentales en donde el perfil de los funcionarios electorales se ensalza enormemente con adjetivos superfluos como el de la reputación intachable, el reconocimiento de la sociedad, etc. Etc. En el fondo se trata de bajarle a la personalización del instituto y reforzar su institucionalidad. En lugar de romperse la cabeza cada determinado tiempo para encontrar a quienes tengan la reputación más connotada deberíamos de aspirar a un consejo general que tenga un desempeño alejado de los medios de comunicación y de los reflectores de la opinión pública. Un Consejo, eso si, que rinda cuentas y sea evaluado a partir de su propio desempeño. Cuando la popularidad de un servidor público se acompaña de logros y éxitos como el caso del IFE de José Woldenberg, todo va bien y no se oyen más que aplausos. Vamos, hasta el nombre de Mauricio Merino circula para presidir el Instituto en el que ya se desempeño como Consejero. Pero qué pasa cuando esa visibilidad pública da un giro negativo en contra de estas ‘personalidades’, el caso de Ugalde es muy ilustrativo de ello. Cuando las cosas no salen bien sobran chivos expiatorios, en el caso de las elecciones del 2006 los primeros responsables del escándalo post-electoral fueron los diputados y diputadas que eligieron al Consejo Electoral en 2003 sin los consensos necesarios. Acaso no era fácil anticipar que sacar de la negociación al PRD no traería consecuencias negativas para todos.
Nada garantiza que para agosto de 2008 los diputados utilicen el mismo argumento que usan hoy: que no pudieron encontrar un mejor método de selección de los nuevos consejeros. Nada parecería indicar que así lo harán, al menos mientras no decidan renunciar al control, directo o indirecto, sobre la conformación del Consejo General del Instituto.
En esencia, se tratará del mismo mecanismo utilizado en 2003 para sustituir al Consejo General que entonces presidía José Woldenberg. Aun a pesar de confirmar que este método de renovación es el peor de todos, los diputados argumentan hoy que no encontraron otro. Cómo iban a hacerlo si éste es el único que garantiza una influencia directa en el perfil de quienes conformarán este Consejo. Renunciar a este esquema de postulación-negociación-designación parece no estar dentro de los planes partidistas. A pesar de lo sucedido en 2003, el empeño por negociar y acordar a los integrantes del Consejo General no cesa, todo lo contrario, se intensifica. Es crucial preguntarse qué pasaría si este consenso no se da otra vez. Qué harán los diputados para resolver esta parálisis legislativa. El tiempo para tomar la decisión esta marcado por la ley y, al igual que hace cuatro años, llegará la hora en la que, con acuerdos o sin ellos, los partidos tendrán que votar las propuestas en el pleno. Una verdadera bomba de tiempo legislativa.
En un proceso paralelo de negociación estarán las nuevas atribuciones del IFE, cito solamente algunas de las propuestas que se han difundido en días recientes, como la de sancionar a un concesionario de radio o televisión con la suspensión de transmisión hasta por 30 días por transmitir mensajes que, ya sea por su contenido o por su patrocinador, no se apeguen a los estipulado en el COFIPE. Otra atribución novedosa sería el poder sancionar directamente a candidatos y partidos por el mal manejo financiero que, con o sin su conocimiento, cometan miembros de su equipo de campaña. No es que medidas de esta índole no sean bienvenidas, en este caso es más aplaudible la segunda que la primera. Se trata de multiplicar exponencialmente los riesgos que tendrá el IFE al momento de incidir en el resultado de una elección.
Un alto poder para sancionar combinado con la poca independencia de quienes tomarán estas decisiones puede ser el peor escenario. Entre más poder tenga una institución para sancionar a partidos políticos, concesionarios de radio y televisión o, incluso, a terceros que infrinjan la ley electoral, el grado de independencia de presiones, chantajes y compromisos requerido para ejecutar estas tareas con imparcialidad es altísimo.
Lo malo no es que el consejo general sea paralizado por este temor a la remoción, recordemos que la elección de tres consejeros implica además decidir quienes serán los tres consejeros que deben dejar sus cargos a finales de este año y tres en agosto de 2008. La pregunta no es quienes, a aparte de Luis Carlos Ugalde, se van y quienes se quedan, sino que harán los consejeros para evitar irse o garantizar su estadía. Estarán dispuestos estos consejeros ha comprometerse con tal de no ser despedidos por los partidos políticos. Si eso no es depender del criterio subjetivo e interesado de un partido político entonces yo no se que si lo es. Poca independencia y mucho poder es el peor escenario posible para un trabajo profesional como el que requiere el IFE.
No olvidemos que México es de los pocos países en las democracias occidentales en donde el perfil de los funcionarios electorales se ensalza enormemente con adjetivos superfluos como el de la reputación intachable, el reconocimiento de la sociedad, etc. Etc. En el fondo se trata de bajarle a la personalización del instituto y reforzar su institucionalidad. En lugar de romperse la cabeza cada determinado tiempo para encontrar a quienes tengan la reputación más connotada deberíamos de aspirar a un consejo general que tenga un desempeño alejado de los medios de comunicación y de los reflectores de la opinión pública. Un Consejo, eso si, que rinda cuentas y sea evaluado a partir de su propio desempeño. Cuando la popularidad de un servidor público se acompaña de logros y éxitos como el caso del IFE de José Woldenberg, todo va bien y no se oyen más que aplausos. Vamos, hasta el nombre de Mauricio Merino circula para presidir el Instituto en el que ya se desempeño como Consejero. Pero qué pasa cuando esa visibilidad pública da un giro negativo en contra de estas ‘personalidades’, el caso de Ugalde es muy ilustrativo de ello. Cuando las cosas no salen bien sobran chivos expiatorios, en el caso de las elecciones del 2006 los primeros responsables del escándalo post-electoral fueron los diputados y diputadas que eligieron al Consejo Electoral en 2003 sin los consensos necesarios. Acaso no era fácil anticipar que sacar de la negociación al PRD no traería consecuencias negativas para todos.
Nada garantiza que para agosto de 2008 los diputados utilicen el mismo argumento que usan hoy: que no pudieron encontrar un mejor método de selección de los nuevos consejeros. Nada parecería indicar que así lo harán, al menos mientras no decidan renunciar al control, directo o indirecto, sobre la conformación del Consejo General del Instituto.
jueves, 22 de noviembre de 2007
Las lecciones de Campbell
Leer los recientemente publica-dos diarios de Alistair Campbell, el encargado de la estrategia de comunicación detrás del nuevo laborismo de Tony Blair desde mediados de los 90, es ilustrativo a varios niveles. Sus páginas son testimonio de un partido de “izquierda” en búsqueda del “centro” político y de los votos de una creciente clase media. Hay aquí dos lecciones para el PRD con miras a la celebración de su décimo Congreso Nacional Extraordinario el próximo 16 de agosto.
La primera es ubicar a la comunicación como eje estratégico de la operación política. La tenacidad con la que Campbell, Blair y un reducido equipo de trabajo, entre ellos el actual primer ministro Gordon Brown, buscaban modernizar al Partido Laborista, comenzó con el establecimiento de una relación política e informativa con grupos de electores comúnmente ignorados por este partido.
Hasta ese momento la estrategia comunicacional del Partido Laborista, que durante los últimos 18 años había fracasado en sus intentos por vencer a los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher (1979-1990) y John Major (1990-1997), había compartido un común denominador: la incapacidad de dialogar con electores distintos a los de su base de simpatizantes tradicional.
Un nuevo entorno político y social demandaba no solamente la renovación de la filosofía laborista sino, además, la creación de una estrategia para comunicar esta renovación a nuevos públicos.
A pesar del escepticismo de amplios sectores laboristas, es un hecho que, después de tres victorias electorales consecutivas, el de Blair ha sido el gobierno laborista más exitoso en términos electorales desde la fundación de este partido.
La segunda es haber generado un consenso hacia el interior del partido que permitiera mantener infinidad de disputas internas fuera de los medios de comunicación. Aunque las tensiones y pugnas no desaparecieron, éstas se mantuvieron lo más alejado posible de la arena mediática. Consolidar un solo frente informativo para comunicar una nueva filosofía partidista fue determinante en la victoria electoral de 1997. Se trataba de aprovechar el carisma de su líder y la promisoria renovación de una plataforma política al margen de conflictos mediáticos innecesarios.
En uno de los pasajes del libro se relata la temprana frustración de Campbell y Blair ante la visceral indiscreción mediática de una compañera de su partido, algo común en la época en que cada quien decía lo que quería en los medios bajo el argumento del saludable derecho a discrepar públicamente. En un tono abiertamente desmoralizado, Blair le confiesa a Campbell que mientras esas cosas sigan pasando nadie los tomará en serio. Con “nadie” Blair se refería a los votos que se encontraban fuera del núcleo laborista e indispensables para vencer a los conservadores.
La larga cadena de escándalos mediáticos, incluidos los desfiguros de emblemáticos voceros, han sido uno de los argumentos recurrentes de por qué todavía son muchos quienes no consideran al PRD como una opción seria para gobernar. Especialmente quienes no habitan en estados gobernados por el PRD y que no tienen una simpatía política definida. Esos son los electores a los que el PRD tiende a eludir en sus campañas. A los que Elena Poniatowska no les dice mucho y que nunca en su vida madrugarían para ver un programa informativo del PRD en la televisión.
En los inicios del nuevo laborismo, Alistair Campbell estaba convencido de que comunicar la transformación era tan importante como moldear su sustancia. Un proceso simultáneo. Algo muy distinto a la manera de comunicar del PRD que continúa inmerso en la lógica informativa de no hablarles a quienes piensan distinto a ellos. Que busca los canales de siempre para decir lo de siempre a los de siempre. Que toma decisiones políticas primero y piensa cómo “difundirlas” después.
Sería muy cómodo cuestionar estas lecciones argumentando que ambos contextos, el británico y el mexicano, no tienen nada en común. Más difícil sería, sin embargo, emprender un proceso de transformación interna encaminado a que el PRD comience a pensar cómo comunicarse con un electorado que, tras el desenlace electoral del año pasado, verá las próximas elecciones con ojos muy distintos.
Investigador del CEIICH-UNAM
La primera es ubicar a la comunicación como eje estratégico de la operación política. La tenacidad con la que Campbell, Blair y un reducido equipo de trabajo, entre ellos el actual primer ministro Gordon Brown, buscaban modernizar al Partido Laborista, comenzó con el establecimiento de una relación política e informativa con grupos de electores comúnmente ignorados por este partido.
Hasta ese momento la estrategia comunicacional del Partido Laborista, que durante los últimos 18 años había fracasado en sus intentos por vencer a los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher (1979-1990) y John Major (1990-1997), había compartido un común denominador: la incapacidad de dialogar con electores distintos a los de su base de simpatizantes tradicional.
Un nuevo entorno político y social demandaba no solamente la renovación de la filosofía laborista sino, además, la creación de una estrategia para comunicar esta renovación a nuevos públicos.
A pesar del escepticismo de amplios sectores laboristas, es un hecho que, después de tres victorias electorales consecutivas, el de Blair ha sido el gobierno laborista más exitoso en términos electorales desde la fundación de este partido.
La segunda es haber generado un consenso hacia el interior del partido que permitiera mantener infinidad de disputas internas fuera de los medios de comunicación. Aunque las tensiones y pugnas no desaparecieron, éstas se mantuvieron lo más alejado posible de la arena mediática. Consolidar un solo frente informativo para comunicar una nueva filosofía partidista fue determinante en la victoria electoral de 1997. Se trataba de aprovechar el carisma de su líder y la promisoria renovación de una plataforma política al margen de conflictos mediáticos innecesarios.
En uno de los pasajes del libro se relata la temprana frustración de Campbell y Blair ante la visceral indiscreción mediática de una compañera de su partido, algo común en la época en que cada quien decía lo que quería en los medios bajo el argumento del saludable derecho a discrepar públicamente. En un tono abiertamente desmoralizado, Blair le confiesa a Campbell que mientras esas cosas sigan pasando nadie los tomará en serio. Con “nadie” Blair se refería a los votos que se encontraban fuera del núcleo laborista e indispensables para vencer a los conservadores.
La larga cadena de escándalos mediáticos, incluidos los desfiguros de emblemáticos voceros, han sido uno de los argumentos recurrentes de por qué todavía son muchos quienes no consideran al PRD como una opción seria para gobernar. Especialmente quienes no habitan en estados gobernados por el PRD y que no tienen una simpatía política definida. Esos son los electores a los que el PRD tiende a eludir en sus campañas. A los que Elena Poniatowska no les dice mucho y que nunca en su vida madrugarían para ver un programa informativo del PRD en la televisión.
En los inicios del nuevo laborismo, Alistair Campbell estaba convencido de que comunicar la transformación era tan importante como moldear su sustancia. Un proceso simultáneo. Algo muy distinto a la manera de comunicar del PRD que continúa inmerso en la lógica informativa de no hablarles a quienes piensan distinto a ellos. Que busca los canales de siempre para decir lo de siempre a los de siempre. Que toma decisiones políticas primero y piensa cómo “difundirlas” después.
Sería muy cómodo cuestionar estas lecciones argumentando que ambos contextos, el británico y el mexicano, no tienen nada en común. Más difícil sería, sin embargo, emprender un proceso de transformación interna encaminado a que el PRD comience a pensar cómo comunicarse con un electorado que, tras el desenlace electoral del año pasado, verá las próximas elecciones con ojos muy distintos.
Investigador del CEIICH-UNAM
jueves, 12 de abril de 2007
Habermas Tv
La esfera pública es cuadrada. Adoptó ya la forma geométrica de una pantalla de televisión. El espacio para intercambiar opiniones y puntos de vista sobre temas de interés público y privado se encuentra hoy concentrado en la frecuencia televisiva. Esta esfera, que Jürgen Habermas definió originalmente como el sitio abstracto en donde las opiniones privadas se hacían públicas, se vuelve cada vez más un lugar inaccesible para las y los ciudadanos de este país. Discutir sobre temas diversos y fijar posiciones en torno a una taza de café era una premisa esencial del concepto desarrollado por el filósofo alemán. El objetivo no era ocioso, se trataba de ubicar la construcción de lo público en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de una democracia.
No por nada la crítica más recurrente al concepto de esfera publica habermasiano es que su concepción es fundamentalmente burguesa y que solo una clase privilegiada tiene el tiempo, el interés y la oportunidad de participar en esta esfera pública. No obstante su corte utópico, la concepción de esfera pública nos puede ayudar a entender un fenómeno que se ha venido dando a últimas fechas en este país: que el diálogo ciudadano se haya convertido en una discusión primordialmente mediática.
Es tan difícil imaginarse a una institución del poder legislativo, ejecutivo o judicial, organizando un foro para discutir temas de interés público, facilitando una discusión más que su apresurada aprobación legislativa. Es increíblemente más sencillo hacer un spot y decir lo que se quiera sin tener que pasar por la enfadosa tarea de escuchar a los demás. La emisión de spots refleja la obsesión de nuestra clase política por controlar la agenda pública.
Existen valiosas excepciones. El Instituto Federal Electoral, por ejemplo, iniciará a finales de abril un ejercicio muy interesante de participación ciudadana en donde, quienes tengan interés, podrán externar su punto de vista en torno a la manera en la cual funciona el Instituto y los procesos electorales en México. Esto significará abrir un foro de discusión a nivel nacional organizado por una Institución pública en donde la voz de expertos en materia electoral se unirá a la de quienes tienen un genuino interés por contribuir al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral.
La apuesta de la clase política nacional, me convenzo con cada nuevo spot que sale al aire, se inclina hacia la anti-discusión. A la afirmación sin posibilidad de diálogo. A la confirmación de hechos y acciones más que a su ponderación. Pero sobre todo se trata de rendir cuentas ante un foro incapaz de interpelar, tamizar, cuestionar o exigir una explicación más profunda de las cosas. La pantalla sostiene que vamos bien, que las cosas se están haciendo, que el trabajo está, además de todo, bien hecho. Del otro lado, silencio. En el estudio de grabación donde se producen los spots ‘informativos’ del gobierno, de las cámaras, y de los ‘afortunados’ ciudadanos que pueden pagar por su propio tiempo aire, lo único que se escucha es la voz del que habla. Nadie está presente para externar su opinión respecto a lo que se dice en el mensaje. Si algo no puede hacer la televisión es escuchar. Vale preguntarse cómo dialogar con estos mensajes, cómo establecer una relación dialéctica con ellos. Cómo participar en su esfera pública.
La afirmación tácita de un spot transmitido por televisión es la de no escuchar. Es hablar sin estar dispuesto a escuchar a los demás. La audiencia, esa metáfora industrial que busca definir lo intangible, será incapaz de interpelar un mensaje. Eso lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas en los foros que así se los permitan. En esa esfera pública definida por Habermas. ¿No querrán el estado y los principales actores políticos participar en esta esfera? Hay que fomentar la discusión pública, organizada, plural, respetuosa y constructiva de estos y otros temas. Expertos o no todos tenemos el derecho y la obligación de opinar. Se trata de ver a la comunicación como un proceso de intercambio y no de transmisión. En esto los spots se han convertido en los puntos finales de cualquier discusión. Una vez transmitidos se da por sentado que la discusión original ya terminó.
No por nada la crítica más recurrente al concepto de esfera publica habermasiano es que su concepción es fundamentalmente burguesa y que solo una clase privilegiada tiene el tiempo, el interés y la oportunidad de participar en esta esfera pública. No obstante su corte utópico, la concepción de esfera pública nos puede ayudar a entender un fenómeno que se ha venido dando a últimas fechas en este país: que el diálogo ciudadano se haya convertido en una discusión primordialmente mediática.
Es tan difícil imaginarse a una institución del poder legislativo, ejecutivo o judicial, organizando un foro para discutir temas de interés público, facilitando una discusión más que su apresurada aprobación legislativa. Es increíblemente más sencillo hacer un spot y decir lo que se quiera sin tener que pasar por la enfadosa tarea de escuchar a los demás. La emisión de spots refleja la obsesión de nuestra clase política por controlar la agenda pública.
Existen valiosas excepciones. El Instituto Federal Electoral, por ejemplo, iniciará a finales de abril un ejercicio muy interesante de participación ciudadana en donde, quienes tengan interés, podrán externar su punto de vista en torno a la manera en la cual funciona el Instituto y los procesos electorales en México. Esto significará abrir un foro de discusión a nivel nacional organizado por una Institución pública en donde la voz de expertos en materia electoral se unirá a la de quienes tienen un genuino interés por contribuir al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral.
La apuesta de la clase política nacional, me convenzo con cada nuevo spot que sale al aire, se inclina hacia la anti-discusión. A la afirmación sin posibilidad de diálogo. A la confirmación de hechos y acciones más que a su ponderación. Pero sobre todo se trata de rendir cuentas ante un foro incapaz de interpelar, tamizar, cuestionar o exigir una explicación más profunda de las cosas. La pantalla sostiene que vamos bien, que las cosas se están haciendo, que el trabajo está, además de todo, bien hecho. Del otro lado, silencio. En el estudio de grabación donde se producen los spots ‘informativos’ del gobierno, de las cámaras, y de los ‘afortunados’ ciudadanos que pueden pagar por su propio tiempo aire, lo único que se escucha es la voz del que habla. Nadie está presente para externar su opinión respecto a lo que se dice en el mensaje. Si algo no puede hacer la televisión es escuchar. Vale preguntarse cómo dialogar con estos mensajes, cómo establecer una relación dialéctica con ellos. Cómo participar en su esfera pública.
La afirmación tácita de un spot transmitido por televisión es la de no escuchar. Es hablar sin estar dispuesto a escuchar a los demás. La audiencia, esa metáfora industrial que busca definir lo intangible, será incapaz de interpelar un mensaje. Eso lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas en los foros que así se los permitan. En esa esfera pública definida por Habermas. ¿No querrán el estado y los principales actores políticos participar en esta esfera? Hay que fomentar la discusión pública, organizada, plural, respetuosa y constructiva de estos y otros temas. Expertos o no todos tenemos el derecho y la obligación de opinar. Se trata de ver a la comunicación como un proceso de intercambio y no de transmisión. En esto los spots se han convertido en los puntos finales de cualquier discusión. Una vez transmitidos se da por sentado que la discusión original ya terminó.
viernes, 30 de marzo de 2007
Spots ¿para qué?
La oficina de la presidencia cuenta este año con un presupuesto cercano a los 270 millones de pesos para gastos de comunicación, imagen y opinión pública. Destinar el 17% de su presupuesto anual a estas tareas, más tiempo oficial en medios electrónicos, es una invitación abierta a cuestionar la utilidad de los spots para posicionar la imagen del nuevo gobierno. Los dos primeros spots transmitidos por la administración de Felipe Calderón dejan muchas dudas en torno a su política de comunicación social dado el gran parecido a lo que hiciera su antecesor hace seis años exactamente.
En el último año de su gobierno, Fox se gastó en spots alrededor de 16 millones de pesos provenientes del presupuesto de la oficina presidencial, cifra muy superior a los 8 millones de 2005. A este gasto habría que sumar el uso de 31 mil horas en radiodifusoras y 5 mil en estaciones de televisión de tiempo fiscal disponible tan solo en 2006. A pesar de todos los recursos invertidos en su promoción, el índice de aprobación de Vicente Fox bajó nueve puntos en los últimos cuatro meses de su gobierno. La aprobación que iniciara en el 2000 con casi un 70% terminó con 51%, según la encuesta correspondiente de Parametría. ¿De qué sirvió la insultante avalancha de spots en los últimos meses de su gobierno?
No obstante, el precursor de la publicidad oficial en nuestro país es Carlos Salinas. Baste recordar la intensa campaña mediática del programa de Solidaridad con todo y las lágrimas de Don Beto. Un verdadero parteaguas en materia de comunicación social. Los 8 mil millones de dólares que costó Pronasol a lo largo del sexenio salinista apenas equivalen a 230 horas de publicidad en televisión por cada uno de los seis años de su gobierno. Cifra muy baja en comparación con la magnitud de aquella campaña de difusión. Ello tampoco le garantizó a Salinas un lugar en la lista de popularidad nacional. Fuera del Valle de Chalco, por supuesto.
El tema de los spots transmitidos por el gobierno federal en el sexenio calderonista debe ocupar un lugar importante sobre la calidad de la democracia que queremos. Por ello vale la pena dimensionar el efecto que tienen estos spots en nuestra evaluación del gobierno. No olvidemos que a pesar de ir en aumento, los spots siguen compitiendo con otras formas de comunicación a la hora de influir en las opiniones de la sociedad. La información no pagada difundida en los medios y la comunicaron interpersonal son solo dos ejemplos.
Un hallazgo consistente en los estudios sobre los efectos de los spots políticos, el trabajo de Annie Lang de la Universidad de Indiana es particularmente ilustrativo, es que la baja credibilidad de este tipo de mensajes, sumada a nuestra exposición involuntaria a ellos, hace que la atención que le pongamos a su contenido sea marginal en la mayoría de los casos.
Esto no significa que los spots no tengan un impacto. Encontrando las condiciones adecuadas para ser vistos, es posible que influyan en la opinión de quienes no se han hecho de una idea sobre el desempeño del gobierno. Llamémosles los indiferentes postelectorales. Pero incluso en este grupo, el efecto de los spots oficiales no solo tiende a ser limitado sino que esta condenado a un impacto fugaz e inmediato. No por nada los indiferentes rara vez dejan de serlo. Especialmente cuando asumimos, fallidamente, que todo mundo tiene una opinión sobre el gobierno.
No obstante sus limitaciones persuasivas, los spots se han consolidado como una de las formas de comunicación preferidas por la Presidencia. Las posibilidades narrativas, el control de su contenido, el alcance de su transmisión y la oportunidad de repetición son justificaciones recurrentes para su uso. Sin embargo, esto ha generado un círculo en donde se asume que la mejor manera de mantener el impacto de una campaña informativa de spots es, precisamente, produciendo una nueva. La intensidad de su difusión ha generado una lógica informativa que convierte al spot en actividad incuestionable de comunicación social.
Pero, son los spots la única opción para difundir información desde el gobierno. A principios de 2005 el New York Times publicó una historia sobre una serie de tres videos producidos por la Casa Blanca en un formato de noticiero televisivo. Los newscasts, ‘noticias’ positivas en torno a la ocupación de Irak, fueron transmitidos en estaciones de televisión locales insertados como cortes informativos en donde no se especificaba quien estaba detrás de su producción. La Casa Blanca argumentó que no era su responsabilidad mencionar la fuente informativa de estas producciones. Esto era, sostuvieron, deber de las cadenas que transmitieron esta información. Alternativas para difundir hay, eso está claro. Todo depende de cómo respondamos a la pregunta inicial: spots ¿para qué?
Los primeros spots de la presidencia se pueden en ver en:www.youtube.com/watch?v=VB9Ry8sKWis
En el último año de su gobierno, Fox se gastó en spots alrededor de 16 millones de pesos provenientes del presupuesto de la oficina presidencial, cifra muy superior a los 8 millones de 2005. A este gasto habría que sumar el uso de 31 mil horas en radiodifusoras y 5 mil en estaciones de televisión de tiempo fiscal disponible tan solo en 2006. A pesar de todos los recursos invertidos en su promoción, el índice de aprobación de Vicente Fox bajó nueve puntos en los últimos cuatro meses de su gobierno. La aprobación que iniciara en el 2000 con casi un 70% terminó con 51%, según la encuesta correspondiente de Parametría. ¿De qué sirvió la insultante avalancha de spots en los últimos meses de su gobierno?
No obstante, el precursor de la publicidad oficial en nuestro país es Carlos Salinas. Baste recordar la intensa campaña mediática del programa de Solidaridad con todo y las lágrimas de Don Beto. Un verdadero parteaguas en materia de comunicación social. Los 8 mil millones de dólares que costó Pronasol a lo largo del sexenio salinista apenas equivalen a 230 horas de publicidad en televisión por cada uno de los seis años de su gobierno. Cifra muy baja en comparación con la magnitud de aquella campaña de difusión. Ello tampoco le garantizó a Salinas un lugar en la lista de popularidad nacional. Fuera del Valle de Chalco, por supuesto.
El tema de los spots transmitidos por el gobierno federal en el sexenio calderonista debe ocupar un lugar importante sobre la calidad de la democracia que queremos. Por ello vale la pena dimensionar el efecto que tienen estos spots en nuestra evaluación del gobierno. No olvidemos que a pesar de ir en aumento, los spots siguen compitiendo con otras formas de comunicación a la hora de influir en las opiniones de la sociedad. La información no pagada difundida en los medios y la comunicaron interpersonal son solo dos ejemplos.
Un hallazgo consistente en los estudios sobre los efectos de los spots políticos, el trabajo de Annie Lang de la Universidad de Indiana es particularmente ilustrativo, es que la baja credibilidad de este tipo de mensajes, sumada a nuestra exposición involuntaria a ellos, hace que la atención que le pongamos a su contenido sea marginal en la mayoría de los casos.
Esto no significa que los spots no tengan un impacto. Encontrando las condiciones adecuadas para ser vistos, es posible que influyan en la opinión de quienes no se han hecho de una idea sobre el desempeño del gobierno. Llamémosles los indiferentes postelectorales. Pero incluso en este grupo, el efecto de los spots oficiales no solo tiende a ser limitado sino que esta condenado a un impacto fugaz e inmediato. No por nada los indiferentes rara vez dejan de serlo. Especialmente cuando asumimos, fallidamente, que todo mundo tiene una opinión sobre el gobierno.
No obstante sus limitaciones persuasivas, los spots se han consolidado como una de las formas de comunicación preferidas por la Presidencia. Las posibilidades narrativas, el control de su contenido, el alcance de su transmisión y la oportunidad de repetición son justificaciones recurrentes para su uso. Sin embargo, esto ha generado un círculo en donde se asume que la mejor manera de mantener el impacto de una campaña informativa de spots es, precisamente, produciendo una nueva. La intensidad de su difusión ha generado una lógica informativa que convierte al spot en actividad incuestionable de comunicación social.
Pero, son los spots la única opción para difundir información desde el gobierno. A principios de 2005 el New York Times publicó una historia sobre una serie de tres videos producidos por la Casa Blanca en un formato de noticiero televisivo. Los newscasts, ‘noticias’ positivas en torno a la ocupación de Irak, fueron transmitidos en estaciones de televisión locales insertados como cortes informativos en donde no se especificaba quien estaba detrás de su producción. La Casa Blanca argumentó que no era su responsabilidad mencionar la fuente informativa de estas producciones. Esto era, sostuvieron, deber de las cadenas que transmitieron esta información. Alternativas para difundir hay, eso está claro. Todo depende de cómo respondamos a la pregunta inicial: spots ¿para qué?
Los primeros spots de la presidencia se pueden en ver en:www.youtube.com/watch?v=VB9Ry8sKWis
jueves, 8 de febrero de 2007
El ministerio de la verdad
La negativa de la SEGOB a transmitir los spots de López Obrador es, para decirlo sin cortapisas, un claro acto de censura que limita la capacidad de deliberación de los y las televidentes de este país. Esta censura fue recientemente revertida utilizando los mismos argumentos con los cuales se justificó por espacio de cuatro meses. El hecho deja ver, como lo han señalado analistas en varios medios de comunicación, la clara intención de la Secretaria de Gobernación por impedir la difusión de un mensaje político por parte de un partido de oposición.
Pero el acto tiene, además, una connotación indeleble de paternalismo informativo. Paternalismo en el sentido de que la SEGOB se erige como el garante del interés público al momento de decidir el tipo de información a la que podemos tener acceso los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se trata de anticipar el juicio y la valoración que cualquiera de nosotros haga de un mensaje que, al ser transmitido por un partido político, tiene un carácter persuasivo y una vocación informativa parcial.
El problema es que eso lo sabemos todos los que hemos estado expuestos a un mensaje político. La información contenida en un mensaje político no tiene el propósito de ser objetiva, como es el caso de los noticiarios, sino de persuadir al televidente de aceptar una idea u opinión política como suya. Esto significa que quien atiende un mensaje de esta naturaleza evaluará, antes que nada, la credibilidad que tenga de la fuente emisora del mensaje. En segundo plano vendrá una evaluación del contenido del mensaje, es decir de la información que está siendo presentada.
Es a través de este procesamiento de información que juzgamos la parcialidad, credibilidad y utilidad que tiene un mensaje político para nosotros. La SEGOB, simple y sencillamente quiere quitarnos el derecho que tenemos como ciudadanos de formarnos una opinión respecto a un tema que si bien es controversial, no es nuevo para nadie. La censura en este caso, como acto destinado a restringir la circulación de información pública, atenta contra el derecho ciudadano de recibir información par parte de un partido político. En la restricción por transmitir un mensaje se encuentra incluida la restricción a recibirlo. Esto multiplica el número de afectados que tiene un acto de censura como este.
No se trata solamente de limitar los derechos políticos de un partido político, en este caso el PRD, sino de impedir que los y las ciudadanas de este país puedan tener acceso a información que puede serles de interés y utilidad. ¿A qué le teme Gobernación? A un movimiento de masas que desconozca a Felipe Calderón como presidente y que asuma que AMLO lo es. Bueno, las malas noticias para estos señores es que ese movimiento ya existe y tiene un programa en cadena nacional todos los martes en la madrugada. So what?
O se trata acaso de impedir un ataque de histeria colectiva en donde quienes vean este spot sufran una crisis de identidad nacional y no sepan quien es el verdadero presidente de este país. De nuevo, ya pasamos por eso cuando en la noche del 2 de julio teníamos a dos candidatos proclamándose ganadores de la contienda electoral. Y que fue lo que pasó a final de cuentas. Eventualmente cada quien se formó una opinión respecto a las razones que hicieron que un candidato ganara y otro perdiera.
Uno de los principales valores de la democracia es la libertad que la gente tiene para formarse una opinión a partir de la información que circula en lo que Jurgen Habermas llamó la esfera pública. La veracidad o falsedad de un argumento político no reside en el mensaje mismo sino en la valoración subjetiva que hagamos de este. ¿Es falsa la afirmación de que AMLO es el presidente legítimo de México? Para mi lo es y es, además, un disparate en términos de comunicación política. Sin embargo, esta es una conclusión a la que yo llegué solo y no por imposición de nadie.
Cuánta gente considera a López Obrador como su presidente legítimo y sin embargo no tramitan su licencia de manejo o a pagan el predial a las oficinas de su gabinete ‘oficial’. Gobernación cayó en la gran tentación de suprimir un argumento político más que un acto subversivo. Algo que ya había sucedido antes con el desafuero. Utilizar el discurso de la ley para amordazar a sus rivales. Ambas son muy malas señales sobre el panismo en el poder.
Cuándo George Orwell trabajo en las oficinas de la agencia gubernamental británica Ministry of Information durante la segunda guerra mundial (ahora pomposamente llamada Central Office of Information) nunca se imagino que años después las tomaría como modelo para el Ministry of Truth que controlaba las opiniones y contenidos en el mundo descrito en su novela 1984. Aquí y ahora parece que el Ministerio de la Verdad, encarnado por la SEGOB, ha elegido ya lo que debemos ver en nuestras pantallas y lo que no. Tal como sucedió anteriormente con el desafuero, la postura autoritaria tuvo que dar marcha atrás y aguantarse las ganas de suprimir un mensaje contrario a sus intereses. Cualquiera diría que ya aprendieron la lección, ¿será?
Pero el acto tiene, además, una connotación indeleble de paternalismo informativo. Paternalismo en el sentido de que la SEGOB se erige como el garante del interés público al momento de decidir el tipo de información a la que podemos tener acceso los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se trata de anticipar el juicio y la valoración que cualquiera de nosotros haga de un mensaje que, al ser transmitido por un partido político, tiene un carácter persuasivo y una vocación informativa parcial.
El problema es que eso lo sabemos todos los que hemos estado expuestos a un mensaje político. La información contenida en un mensaje político no tiene el propósito de ser objetiva, como es el caso de los noticiarios, sino de persuadir al televidente de aceptar una idea u opinión política como suya. Esto significa que quien atiende un mensaje de esta naturaleza evaluará, antes que nada, la credibilidad que tenga de la fuente emisora del mensaje. En segundo plano vendrá una evaluación del contenido del mensaje, es decir de la información que está siendo presentada.
Es a través de este procesamiento de información que juzgamos la parcialidad, credibilidad y utilidad que tiene un mensaje político para nosotros. La SEGOB, simple y sencillamente quiere quitarnos el derecho que tenemos como ciudadanos de formarnos una opinión respecto a un tema que si bien es controversial, no es nuevo para nadie. La censura en este caso, como acto destinado a restringir la circulación de información pública, atenta contra el derecho ciudadano de recibir información par parte de un partido político. En la restricción por transmitir un mensaje se encuentra incluida la restricción a recibirlo. Esto multiplica el número de afectados que tiene un acto de censura como este.
No se trata solamente de limitar los derechos políticos de un partido político, en este caso el PRD, sino de impedir que los y las ciudadanas de este país puedan tener acceso a información que puede serles de interés y utilidad. ¿A qué le teme Gobernación? A un movimiento de masas que desconozca a Felipe Calderón como presidente y que asuma que AMLO lo es. Bueno, las malas noticias para estos señores es que ese movimiento ya existe y tiene un programa en cadena nacional todos los martes en la madrugada. So what?
O se trata acaso de impedir un ataque de histeria colectiva en donde quienes vean este spot sufran una crisis de identidad nacional y no sepan quien es el verdadero presidente de este país. De nuevo, ya pasamos por eso cuando en la noche del 2 de julio teníamos a dos candidatos proclamándose ganadores de la contienda electoral. Y que fue lo que pasó a final de cuentas. Eventualmente cada quien se formó una opinión respecto a las razones que hicieron que un candidato ganara y otro perdiera.
Uno de los principales valores de la democracia es la libertad que la gente tiene para formarse una opinión a partir de la información que circula en lo que Jurgen Habermas llamó la esfera pública. La veracidad o falsedad de un argumento político no reside en el mensaje mismo sino en la valoración subjetiva que hagamos de este. ¿Es falsa la afirmación de que AMLO es el presidente legítimo de México? Para mi lo es y es, además, un disparate en términos de comunicación política. Sin embargo, esta es una conclusión a la que yo llegué solo y no por imposición de nadie.
Cuánta gente considera a López Obrador como su presidente legítimo y sin embargo no tramitan su licencia de manejo o a pagan el predial a las oficinas de su gabinete ‘oficial’. Gobernación cayó en la gran tentación de suprimir un argumento político más que un acto subversivo. Algo que ya había sucedido antes con el desafuero. Utilizar el discurso de la ley para amordazar a sus rivales. Ambas son muy malas señales sobre el panismo en el poder.
Cuándo George Orwell trabajo en las oficinas de la agencia gubernamental británica Ministry of Information durante la segunda guerra mundial (ahora pomposamente llamada Central Office of Information) nunca se imagino que años después las tomaría como modelo para el Ministry of Truth que controlaba las opiniones y contenidos en el mundo descrito en su novela 1984. Aquí y ahora parece que el Ministerio de la Verdad, encarnado por la SEGOB, ha elegido ya lo que debemos ver en nuestras pantallas y lo que no. Tal como sucedió anteriormente con el desafuero, la postura autoritaria tuvo que dar marcha atrás y aguantarse las ganas de suprimir un mensaje contrario a sus intereses. Cualquiera diría que ya aprendieron la lección, ¿será?
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