La negativa de la SEGOB a transmitir los spots de López Obrador es, para decirlo sin cortapisas, un claro acto de censura que limita la capacidad de deliberación de los y las televidentes de este país. Esta censura fue recientemente revertida utilizando los mismos argumentos con los cuales se justificó por espacio de cuatro meses. El hecho deja ver, como lo han señalado analistas en varios medios de comunicación, la clara intención de la Secretaria de Gobernación por impedir la difusión de un mensaje político por parte de un partido de oposición.
Pero el acto tiene, además, una connotación indeleble de paternalismo informativo. Paternalismo en el sentido de que la SEGOB se erige como el garante del interés público al momento de decidir el tipo de información a la que podemos tener acceso los ciudadanos y ciudadanas de este país. Se trata de anticipar el juicio y la valoración que cualquiera de nosotros haga de un mensaje que, al ser transmitido por un partido político, tiene un carácter persuasivo y una vocación informativa parcial.
El problema es que eso lo sabemos todos los que hemos estado expuestos a un mensaje político. La información contenida en un mensaje político no tiene el propósito de ser objetiva, como es el caso de los noticiarios, sino de persuadir al televidente de aceptar una idea u opinión política como suya. Esto significa que quien atiende un mensaje de esta naturaleza evaluará, antes que nada, la credibilidad que tenga de la fuente emisora del mensaje. En segundo plano vendrá una evaluación del contenido del mensaje, es decir de la información que está siendo presentada.
Es a través de este procesamiento de información que juzgamos la parcialidad, credibilidad y utilidad que tiene un mensaje político para nosotros. La SEGOB, simple y sencillamente quiere quitarnos el derecho que tenemos como ciudadanos de formarnos una opinión respecto a un tema que si bien es controversial, no es nuevo para nadie. La censura en este caso, como acto destinado a restringir la circulación de información pública, atenta contra el derecho ciudadano de recibir información par parte de un partido político. En la restricción por transmitir un mensaje se encuentra incluida la restricción a recibirlo. Esto multiplica el número de afectados que tiene un acto de censura como este.
No se trata solamente de limitar los derechos políticos de un partido político, en este caso el PRD, sino de impedir que los y las ciudadanas de este país puedan tener acceso a información que puede serles de interés y utilidad. ¿A qué le teme Gobernación? A un movimiento de masas que desconozca a Felipe Calderón como presidente y que asuma que AMLO lo es. Bueno, las malas noticias para estos señores es que ese movimiento ya existe y tiene un programa en cadena nacional todos los martes en la madrugada. So what?
O se trata acaso de impedir un ataque de histeria colectiva en donde quienes vean este spot sufran una crisis de identidad nacional y no sepan quien es el verdadero presidente de este país. De nuevo, ya pasamos por eso cuando en la noche del 2 de julio teníamos a dos candidatos proclamándose ganadores de la contienda electoral. Y que fue lo que pasó a final de cuentas. Eventualmente cada quien se formó una opinión respecto a las razones que hicieron que un candidato ganara y otro perdiera.
Uno de los principales valores de la democracia es la libertad que la gente tiene para formarse una opinión a partir de la información que circula en lo que Jurgen Habermas llamó la esfera pública. La veracidad o falsedad de un argumento político no reside en el mensaje mismo sino en la valoración subjetiva que hagamos de este. ¿Es falsa la afirmación de que AMLO es el presidente legítimo de México? Para mi lo es y es, además, un disparate en términos de comunicación política. Sin embargo, esta es una conclusión a la que yo llegué solo y no por imposición de nadie.
Cuánta gente considera a López Obrador como su presidente legítimo y sin embargo no tramitan su licencia de manejo o a pagan el predial a las oficinas de su gabinete ‘oficial’. Gobernación cayó en la gran tentación de suprimir un argumento político más que un acto subversivo. Algo que ya había sucedido antes con el desafuero. Utilizar el discurso de la ley para amordazar a sus rivales. Ambas son muy malas señales sobre el panismo en el poder.
Cuándo George Orwell trabajo en las oficinas de la agencia gubernamental británica Ministry of Information durante la segunda guerra mundial (ahora pomposamente llamada Central Office of Information) nunca se imagino que años después las tomaría como modelo para el Ministry of Truth que controlaba las opiniones y contenidos en el mundo descrito en su novela 1984. Aquí y ahora parece que el Ministerio de la Verdad, encarnado por la SEGOB, ha elegido ya lo que debemos ver en nuestras pantallas y lo que no. Tal como sucedió anteriormente con el desafuero, la postura autoritaria tuvo que dar marcha atrás y aguantarse las ganas de suprimir un mensaje contrario a sus intereses. Cualquiera diría que ya aprendieron la lección, ¿será?
