Reforma electoral, falsas promesas

No hay que darle muchas vueltas para reconocer importantes avances en la reforma electoral de 2007. La disminución neta del dinero con el que cuentan los partidos políticos como parte de sus prerrogativas, dinero que pasaba directamente a las arcas de la televisoras privadas, así como campañas y precampañas más cortas son aciertos indiscutibles. Lo mismo el hecho de que grupos de interés privado y administraciones locales y federales ya no puedan incidir en el voto ciudadano a través de la transmisión de mensajes de apoyo o condena a candidatos o posturas políticas determinadas.

A pesar de estos beneficios hay que señalar una limitante fundamental en dicha reforma: la validación de un modelo de comunicación política basado en la concepción cuantitativa de la comunicación. Al respecto de este señalamiento me permito poner en la mesa algunas consideraciones.

Primero, la negatividad de las campañas no depende del formato de adquisición y transmisión de los spots. El que los partidos políticos ya no puedan producir y trasmitir spots en periodos muy cortos de tiempo, al verse sujetos al pautaje anticipado del IFE, no significa que la negatividad desaparecerá de las pantallas. Se trata, eso si, de una contradicción fundamental en el nuevo modelo de comunicación establecido en la ley electoral. Los partidos harán uso masivo de una herramienta de comunicación cuya principal virtud es incidir inmediatamente en la agenda de los medios. Países que sostienen el modelo cuantitativo de publicidad política como los Estados Unidos, demuestran que la razón de ser de los spots es su velocidad estratégica y no su planeación anticipada. Enviar las producciones al IFE semanas antes de salir aire augura su inoperancia persuasiva. ¿Para qué quieren los partidos 33 millones de spots que irán desfasados de las campañas en los medios?

Segundo, negatividad e información no son características excluyentes en un mensaje. Los llamados spots negativos pueden ser mucho más informativos que un spot autorreferencial y adulatorio. Si la idea de la reforma es aumentar el valor nutricional de mensajes de 30 segundos temo mucho que los esfuerzos serán en vano. El formato, la duración y sobre todo la falta de credibilidad ante la audiencia hacen muy difícil que los spots ofrezcan el más mínimo espacio de reflexión democrática en una sociedad moderna. Pretender que el esquema actual de transmisión de publicidad política propicie un debate más razonado es como confiarle a un puñado de cacahuates la responsabilidad de nutrir a millones de personas en este país. Los spots “positivos” pueden ser tan dañinos como los “negativos”. La banalidad y escasa profundidad de los mensajes, la retórica superficial y la nula oportunidad para entablar un diálogo con la ciudadanía obstaculizan la construcción de una cultura democrática de calidad. Cultura que no se logra con un curso intensivo de varias horas frente al televisor.

Tercero, ubicar al IFE como un mero “administrador de tiempos oficiales” es inexacto ya que el Instituto si cuenta con las facultades de sancionar a un partido político por la transmisión de un mensaje a partir de la queja de otro. Aquí la inconsistencia descrita en el primer punto se repite. Si los spots tienen un efecto al momento de ser transmitidos, cualquiera que éste sea, de qué sirve hacer un dictamen a posteriori. En materia de comunicación política esto no solo es ineficaz para inhibir la transmisión de determinados contenidos sino que incrementa el valor noticioso del mismo mensaje, magnificando así su exposición en los medios de comunicación. Quien dude que los partidos políticos no pondrán a prueba la capacidad de respuesta del IFE en este sentido ya puede ir comprando su boleto a la feria de la ingenuidad.

Cuarto, la supuesta ventaja de la “gratuidad” de estos millones de mensajes no es clara del todo. Es cierto que los partidos no pagarán por el tiempo aire aunque esto no significa que dicho impuesto solo pueda pagarse de esta forma. La solución no es, como Vicente Fox pretendió en su momento, intentar deshacerse de él. Utilizar un bien de la nación con fines de lucro debe, sin duda, representar el pago de un impuesto al Estado mexicano. Sin embargo, destinar este pago a cimentar la concepción de que lo importante en las campañas es repetir incesantemente un mensaje sin importar la poca información que éste contenga es un serio error. ¿Acaso no sería más enriquecedor invertir estos espacios en foros mucho más interactivos y desafiantes, que propicien un verdadero proceso de comunicación entre partidos y ciudadanía? Es claro que no me refiero al soporífero formato de “mesa de debate” tan característico de las producciones “especiales” del IFE.

Por último, pierden los empresarios de la radio y la televisión con la nueva reforma pero pierde también la sociedad mexicana. Ver inundadas las pantallas de mensajes que aportan muy poco al debate democrático es solo la punta del iceberg. El estilo actual de las campañas nos puede llevar a pensar que la publicad política, tal y como la conocemos hoy en día, es algo normal e incluso deseable. Sin embargo, esta publicidad no enriquece nuestra vida democrática, la empobrece. Puede hacernos creer que es la única forma de hacer campaña y pone al descubierto la muy escasa imaginación de los partidos políticos a la hora de “comunicarse” con el electorado. Hay que trascender esta concepción cuantitativa de la comunicación política si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia.

IFE: ¿más atribuciones, menos independencia?

La reforma al COFIPE que se cocina en el legislativo coloca en un primer plano la tensión entre las ‘nuevas’ atribuciones del Instituto Federal Electoral y su propia autonomía. El punto de partida es, sin lugar a dudas, la designación del nuevo Consejero Presidente así como la de dos consejeros electorales. La modificación a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados que permitirá a la Junta de Coordinación Política proponer a los candidatos y candidatas a ocupar sendos cargos, es fiel muestra de lo que muchos ya habían anticipado: los nuevos consejeros se elegirán (aquí intercambio por designar pero nótese por favor que la diferencia de facto es nula) a partir de una negociación entre los tres principales partidos políticos.

En esencia, se tratará del mismo mecanismo utilizado en 2003 para sustituir al Consejo General que entonces presidía José Woldenberg. Aun a pesar de confirmar que este método de renovación es el peor de todos, los diputados argumentan hoy que no encontraron otro. Cómo iban a hacerlo si éste es el único que garantiza una influencia directa en el perfil de quienes conformarán este Consejo. Renunciar a este esquema de postulación-negociación-designación parece no estar dentro de los planes partidistas. A pesar de lo sucedido en 2003, el empeño por negociar y acordar a los integrantes del Consejo General no cesa, todo lo contrario, se intensifica. Es crucial preguntarse qué pasaría si este consenso no se da otra vez. Qué harán los diputados para resolver esta parálisis legislativa. El tiempo para tomar la decisión esta marcado por la ley y, al igual que hace cuatro años, llegará la hora en la que, con acuerdos o sin ellos, los partidos tendrán que votar las propuestas en el pleno. Una verdadera bomba de tiempo legislativa.

En un proceso paralelo de negociación estarán las nuevas atribuciones del IFE, cito solamente algunas de las propuestas que se han difundido en días recientes, como la de sancionar a un concesionario de radio o televisión con la suspensión de transmisión hasta por 30 días por transmitir mensajes que, ya sea por su contenido o por su patrocinador, no se apeguen a los estipulado en el COFIPE. Otra atribución novedosa sería el poder sancionar directamente a candidatos y partidos por el mal manejo financiero que, con o sin su conocimiento, cometan miembros de su equipo de campaña. No es que medidas de esta índole no sean bienvenidas, en este caso es más aplaudible la segunda que la primera. Se trata de multiplicar exponencialmente los riesgos que tendrá el IFE al momento de incidir en el resultado de una elección.

Un alto poder para sancionar combinado con la poca independencia de quienes tomarán estas decisiones puede ser el peor escenario. Entre más poder tenga una institución para sancionar a partidos políticos, concesionarios de radio y televisión o, incluso, a terceros que infrinjan la ley electoral, el grado de independencia de presiones, chantajes y compromisos requerido para ejecutar estas tareas con imparcialidad es altísimo.
Lo malo no es que el consejo general sea paralizado por este temor a la remoción, recordemos que la elección de tres consejeros implica además decidir quienes serán los tres consejeros que deben dejar sus cargos a finales de este año y tres en agosto de 2008. La pregunta no es quienes, a aparte de Luis Carlos Ugalde, se van y quienes se quedan, sino que harán los consejeros para evitar irse o garantizar su estadía. Estarán dispuestos estos consejeros ha comprometerse con tal de no ser despedidos por los partidos políticos. Si eso no es depender del criterio subjetivo e interesado de un partido político entonces yo no se que si lo es. Poca independencia y mucho poder es el peor escenario posible para un trabajo profesional como el que requiere el IFE.

No olvidemos que México es de los pocos países en las democracias occidentales en donde el perfil de los funcionarios electorales se ensalza enormemente con adjetivos superfluos como el de la reputación intachable, el reconocimiento de la sociedad, etc. Etc. En el fondo se trata de bajarle a la personalización del instituto y reforzar su institucionalidad. En lugar de romperse la cabeza cada determinado tiempo para encontrar a quienes tengan la reputación más connotada deberíamos de aspirar a un consejo general que tenga un desempeño alejado de los medios de comunicación y de los reflectores de la opinión pública. Un Consejo, eso si, que rinda cuentas y sea evaluado a partir de su propio desempeño. Cuando la popularidad de un servidor público se acompaña de logros y éxitos como el caso del IFE de José Woldenberg, todo va bien y no se oyen más que aplausos. Vamos, hasta el nombre de Mauricio Merino circula para presidir el Instituto en el que ya se desempeño como Consejero. Pero qué pasa cuando esa visibilidad pública da un giro negativo en contra de estas ‘personalidades’, el caso de Ugalde es muy ilustrativo de ello. Cuando las cosas no salen bien sobran chivos expiatorios, en el caso de las elecciones del 2006 los primeros responsables del escándalo post-electoral fueron los diputados y diputadas que eligieron al Consejo Electoral en 2003 sin los consensos necesarios. Acaso no era fácil anticipar que sacar de la negociación al PRD no traería consecuencias negativas para todos.
Nada garantiza que para agosto de 2008 los diputados utilicen el mismo argumento que usan hoy: que no pudieron encontrar un mejor método de selección de los nuevos consejeros. Nada parecería indicar que así lo harán, al menos mientras no decidan renunciar al control, directo o indirecto, sobre la conformación del Consejo General del Instituto.