La reforma al COFIPE que se cocina en el legislativo coloca en un primer plano la tensión entre las ‘nuevas’ atribuciones del Instituto Federal Electoral y su propia autonomía. El punto de partida es, sin lugar a dudas, la designación del nuevo Consejero Presidente así como la de dos consejeros electorales. La modificación a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados que permitirá a la Junta de Coordinación Política proponer a los candidatos y candidatas a ocupar sendos cargos, es fiel muestra de lo que muchos ya habían anticipado: los nuevos consejeros se elegirán (aquí intercambio por designar pero nótese por favor que la diferencia de facto es nula) a partir de una negociación entre los tres principales partidos políticos.
En esencia, se tratará del mismo mecanismo utilizado en 2003 para sustituir al Consejo General que entonces presidía José Woldenberg. Aun a pesar de confirmar que este método de renovación es el peor de todos, los diputados argumentan hoy que no encontraron otro. Cómo iban a hacerlo si éste es el único que garantiza una influencia directa en el perfil de quienes conformarán este Consejo. Renunciar a este esquema de postulación-negociación-designación parece no estar dentro de los planes partidistas. A pesar de lo sucedido en 2003, el empeño por negociar y acordar a los integrantes del Consejo General no cesa, todo lo contrario, se intensifica. Es crucial preguntarse qué pasaría si este consenso no se da otra vez. Qué harán los diputados para resolver esta parálisis legislativa. El tiempo para tomar la decisión esta marcado por la ley y, al igual que hace cuatro años, llegará la hora en la que, con acuerdos o sin ellos, los partidos tendrán que votar las propuestas en el pleno. Una verdadera bomba de tiempo legislativa.
En un proceso paralelo de negociación estarán las nuevas atribuciones del IFE, cito solamente algunas de las propuestas que se han difundido en días recientes, como la de sancionar a un concesionario de radio o televisión con la suspensión de transmisión hasta por 30 días por transmitir mensajes que, ya sea por su contenido o por su patrocinador, no se apeguen a los estipulado en el COFIPE. Otra atribución novedosa sería el poder sancionar directamente a candidatos y partidos por el mal manejo financiero que, con o sin su conocimiento, cometan miembros de su equipo de campaña. No es que medidas de esta índole no sean bienvenidas, en este caso es más aplaudible la segunda que la primera. Se trata de multiplicar exponencialmente los riesgos que tendrá el IFE al momento de incidir en el resultado de una elección.
Un alto poder para sancionar combinado con la poca independencia de quienes tomarán estas decisiones puede ser el peor escenario. Entre más poder tenga una institución para sancionar a partidos políticos, concesionarios de radio y televisión o, incluso, a terceros que infrinjan la ley electoral, el grado de independencia de presiones, chantajes y compromisos requerido para ejecutar estas tareas con imparcialidad es altísimo.
Lo malo no es que el consejo general sea paralizado por este temor a la remoción, recordemos que la elección de tres consejeros implica además decidir quienes serán los tres consejeros que deben dejar sus cargos a finales de este año y tres en agosto de 2008. La pregunta no es quienes, a aparte de Luis Carlos Ugalde, se van y quienes se quedan, sino que harán los consejeros para evitar irse o garantizar su estadía. Estarán dispuestos estos consejeros ha comprometerse con tal de no ser despedidos por los partidos políticos. Si eso no es depender del criterio subjetivo e interesado de un partido político entonces yo no se que si lo es. Poca independencia y mucho poder es el peor escenario posible para un trabajo profesional como el que requiere el IFE.
No olvidemos que México es de los pocos países en las democracias occidentales en donde el perfil de los funcionarios electorales se ensalza enormemente con adjetivos superfluos como el de la reputación intachable, el reconocimiento de la sociedad, etc. Etc. En el fondo se trata de bajarle a la personalización del instituto y reforzar su institucionalidad. En lugar de romperse la cabeza cada determinado tiempo para encontrar a quienes tengan la reputación más connotada deberíamos de aspirar a un consejo general que tenga un desempeño alejado de los medios de comunicación y de los reflectores de la opinión pública. Un Consejo, eso si, que rinda cuentas y sea evaluado a partir de su propio desempeño. Cuando la popularidad de un servidor público se acompaña de logros y éxitos como el caso del IFE de José Woldenberg, todo va bien y no se oyen más que aplausos. Vamos, hasta el nombre de Mauricio Merino circula para presidir el Instituto en el que ya se desempeño como Consejero. Pero qué pasa cuando esa visibilidad pública da un giro negativo en contra de estas ‘personalidades’, el caso de Ugalde es muy ilustrativo de ello. Cuando las cosas no salen bien sobran chivos expiatorios, en el caso de las elecciones del 2006 los primeros responsables del escándalo post-electoral fueron los diputados y diputadas que eligieron al Consejo Electoral en 2003 sin los consensos necesarios. Acaso no era fácil anticipar que sacar de la negociación al PRD no traería consecuencias negativas para todos.
Nada garantiza que para agosto de 2008 los diputados utilicen el mismo argumento que usan hoy: que no pudieron encontrar un mejor método de selección de los nuevos consejeros. Nada parecería indicar que así lo harán, al menos mientras no decidan renunciar al control, directo o indirecto, sobre la conformación del Consejo General del Instituto.
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