Esto fue lo que la BBC me respondió hoy 7 de febrero de 2011 respecto a mi queja por el uso discriminatorio de lenguaje en el programa Top Gear transmitido el domingo 30 de enero por BBC2.
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De: complaintresponse@bbc.co.uk [mailto:complaintresponse@bbc.co.uk]
Enviado el: Lunes, 07 de Febrero de 2011 07:57 a.m.
Para: Julio Juarez-Gamiz
Asunto: Complaint Response CAS-576864-4NT9R4
Dear Dr. Juarez-Gamiz
Thank you for your feedback about the comments made about Mexicans in the Top Gear broadcast on 30 January 2010.
The producers of Top Gear have apologised to the Mexican Ambassador for the comments made about him during the show. Whilst the majority of the piece on the Mastretta had been discussed in advance with BBC Editorial Policy staff, the comments about him were ad libbed by the presenters during the recording. The BBC’s Editorial Guidelines are very clear about singling out individuals for irreverent/mocking/ comments. Those guidelines were not adhered to and the Top Gear production team has apologised for this. The comments about the Ambassador have been removed from all repeats of the programme.
With regard to the other comments made about Mexicans, these were indeed playing off a stereotype, and that practice is something that regular viewers of Top Gear will be familiar with, as the presenters often make jokes about the perceived characteristics of various nationalities when talking about the cars made in those countries. It is something that has been done in the past with the French, the Germans, the Americans and the Italians, so Mexico was not singled out for special treatment in this case.
Comments made by the Top Gear presenters are clearly exaggerated for comic effect – to imply that a sports car is no good because it will spend all day asleep is self evidently absurd, and not meant to be taken as vindictive. The Top Gear audience understands this clearly and treats these remarks accordingly.
The UK prides itself on being a tolerant nation, but one of the contributing factors towards that tolerance is the fact that jokes made around national stereotyping are commonplace, and are indeed a robust part of our national humour. Typically the most comedic ones are negative - for example our own comedians make material out of the fact that the British are supposed to be terrible cooks, terrible romantics, and forever happy to come second. In fact, some of the more humorous complaints we have received from Mexico are based on stereotypical retorts, with one excellent one in particular referring to the presenters as effete tea drinkers.
In line with that British tradition, stereotype-based comedy is allowed within BBC guidelines, in programmes where the audience has clear expectations of that being the case, as it indeed is with Top Gear. Of course it may appear offensive to those who have not watched the programme or who are unfamiliar with its humour.
Please accept our assurance that it was not the intention of the programme to offend Mexicans but rather to use a clearly unbelievable stereotype of Mexicans to humorous effect.
Thanks again for contacting us.
Regards
BBC Complaints
www.bbc.co.uk/complaints
NB This is sent from an outgoing account only which is not monitored. You cannot reply to this email address but if necessary please contact us via our webform quoting any case number we provided
Kind Regards
BBC Audience Services
lunes, 7 de febrero de 2011
miércoles, 13 de octubre de 2010
Ensayo para el proceso de selección de consejeros electorales IFE 2010
Por Julio V. Juárez Gámiz
IntroducciónEl diseño de las reglas que norman la contienda política en un sistema democrático basado en los partidos políticos debe responder a la complejidad del entorno electoral del México contemporáneo. La reforma electoral de 2007-2008 buscó responder a lo acontecido en el proceso electoral federal de 2006. Hoy es posible observar algunos avances en materia electoral a raíz de dicha reforma.
En primer lugar se encuentra la disminución neta del gasto electoral, particularmente el dinero destinado al financiamiento de los partidos políticos como parte de sus prerrogativas, dinero que, en un alto porcentaje, terminaba en las arcas de los concesionarios de la radio y la televisión, más del 70% en 2006. A pesar de la molestia que esta medida causó al interior de la industria radial y televisiva, el Senado de la República supo resolver con decisión la prohibición expresa a los partidos políticos para adquirir tiempo aire y, así, colocar al Instituto Federal Electoral (IFE) como la única autoridad facultada para administrar los tiempos oficiales del estado en radio y televisión durante la duración de las precampañas y en las campañas. Es indudable que esto representó un parteaguas en materia del acceso de los partidos a los medios masivos de comunicación y del uso del tiempo oficial del estado mexicano.
La medida ya dio sus primeros frutos durante el proceso electoral intermedio de 2009. De no haber sido aprobada la reforma electoral en 2007 los partidos hubieran recibido, tan solo para gastos de campaña, 2 mil 900 millones de pesos. El establecimiento de nuevos porcentajes para la entrega de los gastos de campaña en función del gasto ordinario de los partidos, pasando del 100% al 30% en campañas intermedias y a 50% en campañas presidenciales, implicó un ahorro para el erario público de alrededor de 2 mil 300 millones de pesos.
Otro avance importante de la reforma electoral fue el diseño de campañas y precampañas más cortas. Aún presente la experiencia de seis largos meses de campaña presidencial en 2006, más un periodo igualmente largo de precampañas sin regulación expresa, el legislador tomó nota del reclamo popular recortando los tiempos y definiendo expresamente el concepto mismo de precampaña para llevar a cabo los procesos internos de los partidos políticos encaminados a seleccionar a sus candidatos. Reducir la duración de las campañas iría atenuaría las exigencias financieras que los partidos enfrentaban al competir durante varios meses, además de abatir el hartazgo del electorado frente a procesos electorales tan largos como tediosos.
Un tercer logro expresado en la reforma al Artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue la prohibición expresa a grupos de interés privado de adquirir publicidad a favor o en contra de un candidato determinado y así incidir en las preferencias del electorado. En el mismo sentido se llevó a la Constitución la prohibición a administraciones en los tres niveles de gobierno de utilizar la publicidad oficial, aquella contratada con dinero del erario público, para promover las acciones de gobierno durante las campañas electorales e influir de manera inequitativa en el resultado de la elección. Además, el mismo Artículo 41 lleva ahora la prohibición, antes comprendida únicamente en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), a los partidos políticos de difundir expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas.
Esta medida buscó, por un lado, preservar la equidad en la contienda al no poder contar los partidos con el apoyo, directo o indirecto, de gobiernos afines o grupos de interés privado y, por otro, ‘elevar’ el discurso político limitando la negatividad de las campañas basadas en descalificaciones sin fundamento y en ataques personales. Sin embargo, la interpretación de ciertos grupos de académicos y especialistas sobre el concepto de la libertad de expresión trajo consigo un intenso debate respecto a la libertad de un partido y/o candidato para criticar a sus contrincantes y a la vez ser sujeto mismo de crítica. Los más críticos sentenciaron el fracaso en la autorregulación de los partidos en materia de comunicación política al reconocer su incapacidad para aceptar las reglas del debate discursivo, poniendo en manos del IFE la calificación jurídica del discurso político en México.
Como es natural en la consolidación de un sistema democrático plural y equitativo, el proceso de su consolidación encuentra no pocos obstáculos. Algunos de ellos son de carácter estructural y nos remiten a viejos temas como la desigualdad social, el crimen organizado y la cultura de la corrupción en las instituciones del estado Mexicano. Sin embargo, en materia electoral, uno de los ámbitos de la vida política que mejor ilustra esta complejidad es la relación entre los medios de comunicación, los partidos políticos y la ciudadanía. Indudablemente, los medios tienen una función central en el concierto democrático y su papel articulador entre la ciudadanía y los partidos es motivo de múltiples debates. No por nada el acceso de los partidos políticos a la radio y la televisión fue una de los temas más discutidos en la reforma electoral 2007-2008.
A pesar de ello, la ley electoral carece aún de una visión crítica y actualizada del papel de la comunicación en las campañas electorales. Otorga demasiada importancia a formatos de comunicación limitados, como en el caso de la publicidad televisiva de 30 segundos, y emprende una cruzada contra el concepto de negatividad sin una definición articulada y compartida por todos los actores que interactúan en la arena electoral. Esto ha generado en ocasiones más confusión que claridad al momento de entender los alcances del derecho electoral y evaluar el desempeño de las instituciones electorales.
A nadie puede sorprender que algunos apartados de la ley electoral que regulan la relación entre los partidos políticos y los medios de comunicación no encuentren sincronía con leyes coincidentes como la Ley Federal de Radio y Televisión, hoy en franco abandono legislativo. Es decir, carecemos de una ley que articule transversalmente el sentido normativo respecto al comportamiento de los medios de comunicación en pleno siglo XXI. Es aquí en donde se encuentra una de las áreas de oportunidad más importantes en materia de la legislación electoral.
La ley electoral y los medios de comunicación
El contexto electoral en el cual se presenta este ensayo puede enmarcarse dentro de dos nociones sustantivas. Por un lado se encuentra la noción de derechos civiles sustentada en tres garantías fundamentales que son la libertad de expresión, el derecho a la información y la rendición de cuentas. Por otro lado, y como contrapeso a esta triada se encuentra la transformación de la política económica de los medios de comunicación en la última década y los efectos que ésta ha tenido en la producción y difusión de contenidos mediáticos.
Este trabajo aboga por la libertad individual de los ciudadanos para juzgar la pertinencia de un mensaje publicitario o la veracidad de una nota informativa. Dicha libertad, en consecuencia, debe tener como contrapeso la obligación de los concesionarios y permisionarios de la radio y la televisión de informar a su auditorio cuando los contenidos difundidos en su programación provienen de un contrato comercial y no del trabajo periodístico de su equipo de producción. En el caso de la publicidad política exige también la plena identificación en audio y video del partido político y/o candidato que transmite un mensaje dentro de las pautas correspondientes al tiempo del estado en radio y televisión que el Instituto Federal Electoral administra en cada proceso electoral federal.
México cuenta con una de las leyes electorales más extensas del mundo. Tan sólo en lo que respecta a la regulación del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación encontramos múltiples consideraciones de carácter técnico que intentan hacer valer el principio de equidad, particularmente durante la realización de precampañas y campañas electorales.
Las faltas hoy consideradas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales señalan, al menos, dos tipos de infracciones: 1) Para candidatos, partidos políticos y terceros: la adquisición o contratación de tiempo aire en radio y televisión; así como denigrar o calumniar a sus contrincantes o a las instituciones; y 2) Para funcionarios públicos: la difusión personalizada de su imagen mediante la utilización de recursos públicos.
Por su parte, el debate respecto del papel del Instituto Federal Electoral en torno a la regulación de producciones audiovisuales así como la naturaleza misma de las quejas interpuestas por los partidos políticos sobre este tipo de materiales apunta hacia tres categorías infractoras principalmente:
a) La producción de mensajes promocionales de candidatos bajo un estilo que replica algunas características formales de una nota informativa, infomerciales, y que son transmitidos dentro de los bloques comerciales de distintos espacios informativos
b) La transmisión de entrevistas atípicas[1] de diversa índole a candidatos a un puesto de elección popular dentro de espacios informativos
c) La promoción de la imagen de servidores públicos mediante su aparición en, al menos, tres formatos distintos:
a. Infomerciales cuyo patrocinio no es claro por lo que es imposible determinar si el espacio fue adquirido con dinero público o mediante la contratación de un tercero con dinero privado
b. Transmisión selectiva de contenidos dentro del marco de iniciativas mediáticas que se presumen resultantes de un contrato comercial
c. Co-conducción de transmisiones especiales de programas cuyo género no es necesariamente de carácter noticioso o periodístico
En materia de regulación de contenidos audiovisuales o periodísticos son los partidos políticos, candidatos y servidores públicos los primeros en ser sujetos obligados a cumplir con la ley electoral. En efecto, los medios de comunicación pueden ser eventualmente sancionados pero esta sanción ira necesariamente acompañada por la de un actor político determinado.
Al respecto hay que hacer notar que la ley electoral debe incentivar la equidad en la contienda sin que esto signifique intervenir en las prácticas informativas de un medio de comunicación aunque si en la relación comercial con entidades de interés público como oficinas de los tres niveles de gobierno y los partidos políticos.
La ley electoral no faculta al IFE para sancionar un noticiero que no se apega a los criterios sugeridos de equidad en el tratamiento de candidatos o partidos políticos a lo largo de un proceso electoral. En efecto, sería excesivo concebir un órgano electoral que interfiriera de manera directa en el trabajo periodístico o informativo de un medio de comunicación.
La razón principal detrás de las sanciones a los medios de comunicación por parte de la autoridad electoral es prohibir que el dinero o intereses de cualquier otra índole comprometan la relación con los partidos políticos y sus candidatos. Hay que subrayarlo, la ley electoral debe incentivar la equidad pero no puede interferir en las prácticas informativas de un medio de comunicación pero si en las comerciales.
En estas condiciones se ha creado un círculo vicioso en donde la pretendida regulación de contenidos mediáticos no corrige y mucho menos previene una conducta ilícita. Todo lo contrario, los partidos políticos han aprendido a calcular un ciclo mediático en torno a la difusión de este tipo de materiales. Es claro que la controversia generada en cada caso garantiza, dependiendo de la dinámica propia de la agenda mediática, una visibilidad aun mayor a la exposición inicial. La reproducción de contenidos en distintas plataformas tecnológicas es ahora un recurso mediático recurrente en espacios informativos de todo tipo.
Por ejemplo, el portal de un diario en Internet reproduce contenidos audiovisuales, lo mismo que un programa de radio que se transmite simultáneamente por televisión de paga haciendo que la disponibilidad para reproducir contenidos televisivos en los portales de Internet magnifiquen su en otras plataformas.
En esa línea, el proceso especial sancionador puede tener un efecto inverso puesto que:
a. Crea espacios de difusión mediática adicionales al original
b. Atrae la atención, cobertura y reproducción del material controvertido en espacios alternativos de comunicación
c. Multiplica la exposición de un mensaje que, paradójicamente, se considera violatorio de la ley electoral.
d. No inhibe una conducta de manera expedita, al tener que ser discutido cada caso en lo particular se incentiva la postergación y efecto de la sanción.
Estos productos mediáticos tienen un efecto en las preferencias electorales aunque sean fenómenos colaterales a la regulación y por lo tanto no se contemple su vigilancia y sanción por parte de las instituciones electorales.
Digámosle al ciudadano cuál es el origen de la información que está viendo, aclarémosle los motivos editoriales, pero sobre todo los comerciales, que se encuentran detrás de la oferta informativa de un medio de comunicación. Es a partir de esta rendición de cuentas mediática que el ciudadano podrá formar su propio juicio frente a la información a la que se encuentra expuesto.
La credibilidad de un mensaje se encuentra fuertemente ligada a la identificación del comunicador y a la intención que los receptores le atribuyan al mensaje. El problema de la transmisión de contenidos generados a partir de un acuerdo comercial como si se tratasen de la labor periodística de un medio, sin dejarle clara esta relación al consumidor del medio de comunicación, atenta contra la transparencia y veracidad de la información que hoy consumimos en distintos espacios informativos.
Por ello es pertinente preguntarnos en qué nociones del periodismo se funda la ley electoral en el México de nuestros días. Cuál es la concepción imperante respecto a la función en una democracia de los medios de comunicación. Comúnmente coincidimos en que los medios son el engranaje principal de la esfera pública. Alimentan opiniones al mismo tiempo que ofrecen espacios para el intercambio de ideas. Su desempeño está regido por el profesionalismo y su misión es comúnmente definida como informativa.
En aras de hacer valer la rendición de cuentas y la transparencia en materia electoral, es importante que la responsabilidad de candidatos que difundan un mensaje político a través de los tiempos del estado, o transmitan publicidad política integrada, aclaren al público el origen de la información simultáneamente y no a posteriori. De otro modo el espíritu de la ley no se hace valer.
Los retos del derecho electoral
Hoy parecería exagerado hablar de técnica jurídica al momento de determinar el procedimiento para documentar un análisis de contenidos mediáticos sobre contenidos audiovisuales. Actualmente no existe un marco legal suficientemente amplio que permita sancionar e inhibir conductas constitutivas de un delito electoral, particularmente en lo que respecta a la contratación de espacios en medios electrónicos de comunicación.
La discusión sobre el acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación está centrada en resolver complicaciones técnicas, (asignación de tiempos, envío de spots a concesionarios, monitoreo, convalidación de transmisiones y utilización del tiempo aire, etc.) pero es ajena a la complejidad teórica de la relación existente entre medios de comunicación, partidos y ciudadanía. La discusión sobre el contenido y formato de producciones audiovisuales representa sólo el principio de un debate que, eventualmente, termina encausándose en el marco de mercado mediático al que debe aspirar la sociedad mexicana. Es claro que la sociedad mexicana no ha visto satisfechas sus demandas por contar con medios preocupados por servir al interés público sin menoscabo de sus legítimos intereses comerciales.
En materia electoral, la discusión no se ajusta a determinar la figura jurídica que permita determinar la naturaleza de estos mensajes sino, particularmente, en la conceptualización de que un mensaje puede ser catalogado por un especialista o un grupo de especialistas como resultante de un acuerdo comercial a la luz de un método científico que pueda ser replicado por otros investigadores facultados para ello.
A raíz de la complejidad propia de la relación entre medios de comunicación y política, es preciso reconocer que el derecho electoral debe incorporar una visión interdisciplinaria al momento de definir los alcances y propósitos de la regulación vigente en materia del acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación.
Esta complejidad, acompañada por un énfasis jurídico/interpretativo, ha creado una especie de caja gris en donde la ley electoral pierde claridad interpretativa ante los fenómenos propios de la práctica periodística y la política económica de los medios de comunicación en México. Debemos revertir esta tendencia.
[1] Una entrevista atípica significa que la presencia de un actor político determinado en un espacio mediático concreto se aparta de los patrones representativos de cobertura mediática tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Este rompimiento con las tendencias hace necesaria una explicación adicional al la presentación del material en cuestión por parte del medio.
jueves, 23 de septiembre de 2010
viernes, 27 de marzo de 2009
Reforma electoral, falsas promesas
No hay que darle muchas vueltas para reconocer importantes avances en la reforma electoral de 2007. La disminución neta del dinero con el que cuentan los partidos políticos como parte de sus prerrogativas, dinero que pasaba directamente a las arcas de la televisoras privadas, así como campañas y precampañas más cortas son aciertos indiscutibles. Lo mismo el hecho de que grupos de interés privado y administraciones locales y federales ya no puedan incidir en el voto ciudadano a través de la transmisión de mensajes de apoyo o condena a candidatos o posturas políticas determinadas.
A pesar de estos beneficios hay que señalar una limitante fundamental en dicha reforma: la validación de un modelo de comunicación política basado en la concepción cuantitativa de la comunicación. Al respecto de este señalamiento me permito poner en la mesa algunas consideraciones.
Primero, la negatividad de las campañas no depende del formato de adquisición y transmisión de los spots. El que los partidos políticos ya no puedan producir y trasmitir spots en periodos muy cortos de tiempo, al verse sujetos al pautaje anticipado del IFE, no significa que la negatividad desaparecerá de las pantallas. Se trata, eso si, de una contradicción fundamental en el nuevo modelo de comunicación establecido en la ley electoral. Los partidos harán uso masivo de una herramienta de comunicación cuya principal virtud es incidir inmediatamente en la agenda de los medios. Países que sostienen el modelo cuantitativo de publicidad política como los Estados Unidos, demuestran que la razón de ser de los spots es su velocidad estratégica y no su planeación anticipada. Enviar las producciones al IFE semanas antes de salir aire augura su inoperancia persuasiva. ¿Para qué quieren los partidos 33 millones de spots que irán desfasados de las campañas en los medios?
Segundo, negatividad e información no son características excluyentes en un mensaje. Los llamados spots negativos pueden ser mucho más informativos que un spot autorreferencial y adulatorio. Si la idea de la reforma es aumentar el valor nutricional de mensajes de 30 segundos temo mucho que los esfuerzos serán en vano. El formato, la duración y sobre todo la falta de credibilidad ante la audiencia hacen muy difícil que los spots ofrezcan el más mínimo espacio de reflexión democrática en una sociedad moderna. Pretender que el esquema actual de transmisión de publicidad política propicie un debate más razonado es como confiarle a un puñado de cacahuates la responsabilidad de nutrir a millones de personas en este país. Los spots “positivos” pueden ser tan dañinos como los “negativos”. La banalidad y escasa profundidad de los mensajes, la retórica superficial y la nula oportunidad para entablar un diálogo con la ciudadanía obstaculizan la construcción de una cultura democrática de calidad. Cultura que no se logra con un curso intensivo de varias horas frente al televisor.
Tercero, ubicar al IFE como un mero “administrador de tiempos oficiales” es inexacto ya que el Instituto si cuenta con las facultades de sancionar a un partido político por la transmisión de un mensaje a partir de la queja de otro. Aquí la inconsistencia descrita en el primer punto se repite. Si los spots tienen un efecto al momento de ser transmitidos, cualquiera que éste sea, de qué sirve hacer un dictamen a posteriori. En materia de comunicación política esto no solo es ineficaz para inhibir la transmisión de determinados contenidos sino que incrementa el valor noticioso del mismo mensaje, magnificando así su exposición en los medios de comunicación. Quien dude que los partidos políticos no pondrán a prueba la capacidad de respuesta del IFE en este sentido ya puede ir comprando su boleto a la feria de la ingenuidad.
Cuarto, la supuesta ventaja de la “gratuidad” de estos millones de mensajes no es clara del todo. Es cierto que los partidos no pagarán por el tiempo aire aunque esto no significa que dicho impuesto solo pueda pagarse de esta forma. La solución no es, como Vicente Fox pretendió en su momento, intentar deshacerse de él. Utilizar un bien de la nación con fines de lucro debe, sin duda, representar el pago de un impuesto al Estado mexicano. Sin embargo, destinar este pago a cimentar la concepción de que lo importante en las campañas es repetir incesantemente un mensaje sin importar la poca información que éste contenga es un serio error. ¿Acaso no sería más enriquecedor invertir estos espacios en foros mucho más interactivos y desafiantes, que propicien un verdadero proceso de comunicación entre partidos y ciudadanía? Es claro que no me refiero al soporífero formato de “mesa de debate” tan característico de las producciones “especiales” del IFE.
Por último, pierden los empresarios de la radio y la televisión con la nueva reforma pero pierde también la sociedad mexicana. Ver inundadas las pantallas de mensajes que aportan muy poco al debate democrático es solo la punta del iceberg. El estilo actual de las campañas nos puede llevar a pensar que la publicad política, tal y como la conocemos hoy en día, es algo normal e incluso deseable. Sin embargo, esta publicidad no enriquece nuestra vida democrática, la empobrece. Puede hacernos creer que es la única forma de hacer campaña y pone al descubierto la muy escasa imaginación de los partidos políticos a la hora de “comunicarse” con el electorado. Hay que trascender esta concepción cuantitativa de la comunicación política si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia.
A pesar de estos beneficios hay que señalar una limitante fundamental en dicha reforma: la validación de un modelo de comunicación política basado en la concepción cuantitativa de la comunicación. Al respecto de este señalamiento me permito poner en la mesa algunas consideraciones.
Primero, la negatividad de las campañas no depende del formato de adquisición y transmisión de los spots. El que los partidos políticos ya no puedan producir y trasmitir spots en periodos muy cortos de tiempo, al verse sujetos al pautaje anticipado del IFE, no significa que la negatividad desaparecerá de las pantallas. Se trata, eso si, de una contradicción fundamental en el nuevo modelo de comunicación establecido en la ley electoral. Los partidos harán uso masivo de una herramienta de comunicación cuya principal virtud es incidir inmediatamente en la agenda de los medios. Países que sostienen el modelo cuantitativo de publicidad política como los Estados Unidos, demuestran que la razón de ser de los spots es su velocidad estratégica y no su planeación anticipada. Enviar las producciones al IFE semanas antes de salir aire augura su inoperancia persuasiva. ¿Para qué quieren los partidos 33 millones de spots que irán desfasados de las campañas en los medios?
Segundo, negatividad e información no son características excluyentes en un mensaje. Los llamados spots negativos pueden ser mucho más informativos que un spot autorreferencial y adulatorio. Si la idea de la reforma es aumentar el valor nutricional de mensajes de 30 segundos temo mucho que los esfuerzos serán en vano. El formato, la duración y sobre todo la falta de credibilidad ante la audiencia hacen muy difícil que los spots ofrezcan el más mínimo espacio de reflexión democrática en una sociedad moderna. Pretender que el esquema actual de transmisión de publicidad política propicie un debate más razonado es como confiarle a un puñado de cacahuates la responsabilidad de nutrir a millones de personas en este país. Los spots “positivos” pueden ser tan dañinos como los “negativos”. La banalidad y escasa profundidad de los mensajes, la retórica superficial y la nula oportunidad para entablar un diálogo con la ciudadanía obstaculizan la construcción de una cultura democrática de calidad. Cultura que no se logra con un curso intensivo de varias horas frente al televisor.
Tercero, ubicar al IFE como un mero “administrador de tiempos oficiales” es inexacto ya que el Instituto si cuenta con las facultades de sancionar a un partido político por la transmisión de un mensaje a partir de la queja de otro. Aquí la inconsistencia descrita en el primer punto se repite. Si los spots tienen un efecto al momento de ser transmitidos, cualquiera que éste sea, de qué sirve hacer un dictamen a posteriori. En materia de comunicación política esto no solo es ineficaz para inhibir la transmisión de determinados contenidos sino que incrementa el valor noticioso del mismo mensaje, magnificando así su exposición en los medios de comunicación. Quien dude que los partidos políticos no pondrán a prueba la capacidad de respuesta del IFE en este sentido ya puede ir comprando su boleto a la feria de la ingenuidad.
Cuarto, la supuesta ventaja de la “gratuidad” de estos millones de mensajes no es clara del todo. Es cierto que los partidos no pagarán por el tiempo aire aunque esto no significa que dicho impuesto solo pueda pagarse de esta forma. La solución no es, como Vicente Fox pretendió en su momento, intentar deshacerse de él. Utilizar un bien de la nación con fines de lucro debe, sin duda, representar el pago de un impuesto al Estado mexicano. Sin embargo, destinar este pago a cimentar la concepción de que lo importante en las campañas es repetir incesantemente un mensaje sin importar la poca información que éste contenga es un serio error. ¿Acaso no sería más enriquecedor invertir estos espacios en foros mucho más interactivos y desafiantes, que propicien un verdadero proceso de comunicación entre partidos y ciudadanía? Es claro que no me refiero al soporífero formato de “mesa de debate” tan característico de las producciones “especiales” del IFE.
Por último, pierden los empresarios de la radio y la televisión con la nueva reforma pero pierde también la sociedad mexicana. Ver inundadas las pantallas de mensajes que aportan muy poco al debate democrático es solo la punta del iceberg. El estilo actual de las campañas nos puede llevar a pensar que la publicad política, tal y como la conocemos hoy en día, es algo normal e incluso deseable. Sin embargo, esta publicidad no enriquece nuestra vida democrática, la empobrece. Puede hacernos creer que es la única forma de hacer campaña y pone al descubierto la muy escasa imaginación de los partidos políticos a la hora de “comunicarse” con el electorado. Hay que trascender esta concepción cuantitativa de la comunicación política si queremos mejorar la calidad de nuestra democracia.
IFE: ¿más atribuciones, menos independencia?
La reforma al COFIPE que se cocina en el legislativo coloca en un primer plano la tensión entre las ‘nuevas’ atribuciones del Instituto Federal Electoral y su propia autonomía. El punto de partida es, sin lugar a dudas, la designación del nuevo Consejero Presidente así como la de dos consejeros electorales. La modificación a la Ley Orgánica de la Cámara de Diputados que permitirá a la Junta de Coordinación Política proponer a los candidatos y candidatas a ocupar sendos cargos, es fiel muestra de lo que muchos ya habían anticipado: los nuevos consejeros se elegirán (aquí intercambio por designar pero nótese por favor que la diferencia de facto es nula) a partir de una negociación entre los tres principales partidos políticos.
En esencia, se tratará del mismo mecanismo utilizado en 2003 para sustituir al Consejo General que entonces presidía José Woldenberg. Aun a pesar de confirmar que este método de renovación es el peor de todos, los diputados argumentan hoy que no encontraron otro. Cómo iban a hacerlo si éste es el único que garantiza una influencia directa en el perfil de quienes conformarán este Consejo. Renunciar a este esquema de postulación-negociación-designación parece no estar dentro de los planes partidistas. A pesar de lo sucedido en 2003, el empeño por negociar y acordar a los integrantes del Consejo General no cesa, todo lo contrario, se intensifica. Es crucial preguntarse qué pasaría si este consenso no se da otra vez. Qué harán los diputados para resolver esta parálisis legislativa. El tiempo para tomar la decisión esta marcado por la ley y, al igual que hace cuatro años, llegará la hora en la que, con acuerdos o sin ellos, los partidos tendrán que votar las propuestas en el pleno. Una verdadera bomba de tiempo legislativa.
En un proceso paralelo de negociación estarán las nuevas atribuciones del IFE, cito solamente algunas de las propuestas que se han difundido en días recientes, como la de sancionar a un concesionario de radio o televisión con la suspensión de transmisión hasta por 30 días por transmitir mensajes que, ya sea por su contenido o por su patrocinador, no se apeguen a los estipulado en el COFIPE. Otra atribución novedosa sería el poder sancionar directamente a candidatos y partidos por el mal manejo financiero que, con o sin su conocimiento, cometan miembros de su equipo de campaña. No es que medidas de esta índole no sean bienvenidas, en este caso es más aplaudible la segunda que la primera. Se trata de multiplicar exponencialmente los riesgos que tendrá el IFE al momento de incidir en el resultado de una elección.
Un alto poder para sancionar combinado con la poca independencia de quienes tomarán estas decisiones puede ser el peor escenario. Entre más poder tenga una institución para sancionar a partidos políticos, concesionarios de radio y televisión o, incluso, a terceros que infrinjan la ley electoral, el grado de independencia de presiones, chantajes y compromisos requerido para ejecutar estas tareas con imparcialidad es altísimo.
Lo malo no es que el consejo general sea paralizado por este temor a la remoción, recordemos que la elección de tres consejeros implica además decidir quienes serán los tres consejeros que deben dejar sus cargos a finales de este año y tres en agosto de 2008. La pregunta no es quienes, a aparte de Luis Carlos Ugalde, se van y quienes se quedan, sino que harán los consejeros para evitar irse o garantizar su estadía. Estarán dispuestos estos consejeros ha comprometerse con tal de no ser despedidos por los partidos políticos. Si eso no es depender del criterio subjetivo e interesado de un partido político entonces yo no se que si lo es. Poca independencia y mucho poder es el peor escenario posible para un trabajo profesional como el que requiere el IFE.
No olvidemos que México es de los pocos países en las democracias occidentales en donde el perfil de los funcionarios electorales se ensalza enormemente con adjetivos superfluos como el de la reputación intachable, el reconocimiento de la sociedad, etc. Etc. En el fondo se trata de bajarle a la personalización del instituto y reforzar su institucionalidad. En lugar de romperse la cabeza cada determinado tiempo para encontrar a quienes tengan la reputación más connotada deberíamos de aspirar a un consejo general que tenga un desempeño alejado de los medios de comunicación y de los reflectores de la opinión pública. Un Consejo, eso si, que rinda cuentas y sea evaluado a partir de su propio desempeño. Cuando la popularidad de un servidor público se acompaña de logros y éxitos como el caso del IFE de José Woldenberg, todo va bien y no se oyen más que aplausos. Vamos, hasta el nombre de Mauricio Merino circula para presidir el Instituto en el que ya se desempeño como Consejero. Pero qué pasa cuando esa visibilidad pública da un giro negativo en contra de estas ‘personalidades’, el caso de Ugalde es muy ilustrativo de ello. Cuando las cosas no salen bien sobran chivos expiatorios, en el caso de las elecciones del 2006 los primeros responsables del escándalo post-electoral fueron los diputados y diputadas que eligieron al Consejo Electoral en 2003 sin los consensos necesarios. Acaso no era fácil anticipar que sacar de la negociación al PRD no traería consecuencias negativas para todos.
Nada garantiza que para agosto de 2008 los diputados utilicen el mismo argumento que usan hoy: que no pudieron encontrar un mejor método de selección de los nuevos consejeros. Nada parecería indicar que así lo harán, al menos mientras no decidan renunciar al control, directo o indirecto, sobre la conformación del Consejo General del Instituto.
En esencia, se tratará del mismo mecanismo utilizado en 2003 para sustituir al Consejo General que entonces presidía José Woldenberg. Aun a pesar de confirmar que este método de renovación es el peor de todos, los diputados argumentan hoy que no encontraron otro. Cómo iban a hacerlo si éste es el único que garantiza una influencia directa en el perfil de quienes conformarán este Consejo. Renunciar a este esquema de postulación-negociación-designación parece no estar dentro de los planes partidistas. A pesar de lo sucedido en 2003, el empeño por negociar y acordar a los integrantes del Consejo General no cesa, todo lo contrario, se intensifica. Es crucial preguntarse qué pasaría si este consenso no se da otra vez. Qué harán los diputados para resolver esta parálisis legislativa. El tiempo para tomar la decisión esta marcado por la ley y, al igual que hace cuatro años, llegará la hora en la que, con acuerdos o sin ellos, los partidos tendrán que votar las propuestas en el pleno. Una verdadera bomba de tiempo legislativa.
En un proceso paralelo de negociación estarán las nuevas atribuciones del IFE, cito solamente algunas de las propuestas que se han difundido en días recientes, como la de sancionar a un concesionario de radio o televisión con la suspensión de transmisión hasta por 30 días por transmitir mensajes que, ya sea por su contenido o por su patrocinador, no se apeguen a los estipulado en el COFIPE. Otra atribución novedosa sería el poder sancionar directamente a candidatos y partidos por el mal manejo financiero que, con o sin su conocimiento, cometan miembros de su equipo de campaña. No es que medidas de esta índole no sean bienvenidas, en este caso es más aplaudible la segunda que la primera. Se trata de multiplicar exponencialmente los riesgos que tendrá el IFE al momento de incidir en el resultado de una elección.
Un alto poder para sancionar combinado con la poca independencia de quienes tomarán estas decisiones puede ser el peor escenario. Entre más poder tenga una institución para sancionar a partidos políticos, concesionarios de radio y televisión o, incluso, a terceros que infrinjan la ley electoral, el grado de independencia de presiones, chantajes y compromisos requerido para ejecutar estas tareas con imparcialidad es altísimo.
Lo malo no es que el consejo general sea paralizado por este temor a la remoción, recordemos que la elección de tres consejeros implica además decidir quienes serán los tres consejeros que deben dejar sus cargos a finales de este año y tres en agosto de 2008. La pregunta no es quienes, a aparte de Luis Carlos Ugalde, se van y quienes se quedan, sino que harán los consejeros para evitar irse o garantizar su estadía. Estarán dispuestos estos consejeros ha comprometerse con tal de no ser despedidos por los partidos políticos. Si eso no es depender del criterio subjetivo e interesado de un partido político entonces yo no se que si lo es. Poca independencia y mucho poder es el peor escenario posible para un trabajo profesional como el que requiere el IFE.
No olvidemos que México es de los pocos países en las democracias occidentales en donde el perfil de los funcionarios electorales se ensalza enormemente con adjetivos superfluos como el de la reputación intachable, el reconocimiento de la sociedad, etc. Etc. En el fondo se trata de bajarle a la personalización del instituto y reforzar su institucionalidad. En lugar de romperse la cabeza cada determinado tiempo para encontrar a quienes tengan la reputación más connotada deberíamos de aspirar a un consejo general que tenga un desempeño alejado de los medios de comunicación y de los reflectores de la opinión pública. Un Consejo, eso si, que rinda cuentas y sea evaluado a partir de su propio desempeño. Cuando la popularidad de un servidor público se acompaña de logros y éxitos como el caso del IFE de José Woldenberg, todo va bien y no se oyen más que aplausos. Vamos, hasta el nombre de Mauricio Merino circula para presidir el Instituto en el que ya se desempeño como Consejero. Pero qué pasa cuando esa visibilidad pública da un giro negativo en contra de estas ‘personalidades’, el caso de Ugalde es muy ilustrativo de ello. Cuando las cosas no salen bien sobran chivos expiatorios, en el caso de las elecciones del 2006 los primeros responsables del escándalo post-electoral fueron los diputados y diputadas que eligieron al Consejo Electoral en 2003 sin los consensos necesarios. Acaso no era fácil anticipar que sacar de la negociación al PRD no traería consecuencias negativas para todos.
Nada garantiza que para agosto de 2008 los diputados utilicen el mismo argumento que usan hoy: que no pudieron encontrar un mejor método de selección de los nuevos consejeros. Nada parecería indicar que así lo harán, al menos mientras no decidan renunciar al control, directo o indirecto, sobre la conformación del Consejo General del Instituto.
jueves, 22 de noviembre de 2007
Las lecciones de Campbell
Leer los recientemente publica-dos diarios de Alistair Campbell, el encargado de la estrategia de comunicación detrás del nuevo laborismo de Tony Blair desde mediados de los 90, es ilustrativo a varios niveles. Sus páginas son testimonio de un partido de “izquierda” en búsqueda del “centro” político y de los votos de una creciente clase media. Hay aquí dos lecciones para el PRD con miras a la celebración de su décimo Congreso Nacional Extraordinario el próximo 16 de agosto.
La primera es ubicar a la comunicación como eje estratégico de la operación política. La tenacidad con la que Campbell, Blair y un reducido equipo de trabajo, entre ellos el actual primer ministro Gordon Brown, buscaban modernizar al Partido Laborista, comenzó con el establecimiento de una relación política e informativa con grupos de electores comúnmente ignorados por este partido.
Hasta ese momento la estrategia comunicacional del Partido Laborista, que durante los últimos 18 años había fracasado en sus intentos por vencer a los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher (1979-1990) y John Major (1990-1997), había compartido un común denominador: la incapacidad de dialogar con electores distintos a los de su base de simpatizantes tradicional.
Un nuevo entorno político y social demandaba no solamente la renovación de la filosofía laborista sino, además, la creación de una estrategia para comunicar esta renovación a nuevos públicos.
A pesar del escepticismo de amplios sectores laboristas, es un hecho que, después de tres victorias electorales consecutivas, el de Blair ha sido el gobierno laborista más exitoso en términos electorales desde la fundación de este partido.
La segunda es haber generado un consenso hacia el interior del partido que permitiera mantener infinidad de disputas internas fuera de los medios de comunicación. Aunque las tensiones y pugnas no desaparecieron, éstas se mantuvieron lo más alejado posible de la arena mediática. Consolidar un solo frente informativo para comunicar una nueva filosofía partidista fue determinante en la victoria electoral de 1997. Se trataba de aprovechar el carisma de su líder y la promisoria renovación de una plataforma política al margen de conflictos mediáticos innecesarios.
En uno de los pasajes del libro se relata la temprana frustración de Campbell y Blair ante la visceral indiscreción mediática de una compañera de su partido, algo común en la época en que cada quien decía lo que quería en los medios bajo el argumento del saludable derecho a discrepar públicamente. En un tono abiertamente desmoralizado, Blair le confiesa a Campbell que mientras esas cosas sigan pasando nadie los tomará en serio. Con “nadie” Blair se refería a los votos que se encontraban fuera del núcleo laborista e indispensables para vencer a los conservadores.
La larga cadena de escándalos mediáticos, incluidos los desfiguros de emblemáticos voceros, han sido uno de los argumentos recurrentes de por qué todavía son muchos quienes no consideran al PRD como una opción seria para gobernar. Especialmente quienes no habitan en estados gobernados por el PRD y que no tienen una simpatía política definida. Esos son los electores a los que el PRD tiende a eludir en sus campañas. A los que Elena Poniatowska no les dice mucho y que nunca en su vida madrugarían para ver un programa informativo del PRD en la televisión.
En los inicios del nuevo laborismo, Alistair Campbell estaba convencido de que comunicar la transformación era tan importante como moldear su sustancia. Un proceso simultáneo. Algo muy distinto a la manera de comunicar del PRD que continúa inmerso en la lógica informativa de no hablarles a quienes piensan distinto a ellos. Que busca los canales de siempre para decir lo de siempre a los de siempre. Que toma decisiones políticas primero y piensa cómo “difundirlas” después.
Sería muy cómodo cuestionar estas lecciones argumentando que ambos contextos, el británico y el mexicano, no tienen nada en común. Más difícil sería, sin embargo, emprender un proceso de transformación interna encaminado a que el PRD comience a pensar cómo comunicarse con un electorado que, tras el desenlace electoral del año pasado, verá las próximas elecciones con ojos muy distintos.
Investigador del CEIICH-UNAM
La primera es ubicar a la comunicación como eje estratégico de la operación política. La tenacidad con la que Campbell, Blair y un reducido equipo de trabajo, entre ellos el actual primer ministro Gordon Brown, buscaban modernizar al Partido Laborista, comenzó con el establecimiento de una relación política e informativa con grupos de electores comúnmente ignorados por este partido.
Hasta ese momento la estrategia comunicacional del Partido Laborista, que durante los últimos 18 años había fracasado en sus intentos por vencer a los gobiernos conservadores de Margaret Thatcher (1979-1990) y John Major (1990-1997), había compartido un común denominador: la incapacidad de dialogar con electores distintos a los de su base de simpatizantes tradicional.
Un nuevo entorno político y social demandaba no solamente la renovación de la filosofía laborista sino, además, la creación de una estrategia para comunicar esta renovación a nuevos públicos.
A pesar del escepticismo de amplios sectores laboristas, es un hecho que, después de tres victorias electorales consecutivas, el de Blair ha sido el gobierno laborista más exitoso en términos electorales desde la fundación de este partido.
La segunda es haber generado un consenso hacia el interior del partido que permitiera mantener infinidad de disputas internas fuera de los medios de comunicación. Aunque las tensiones y pugnas no desaparecieron, éstas se mantuvieron lo más alejado posible de la arena mediática. Consolidar un solo frente informativo para comunicar una nueva filosofía partidista fue determinante en la victoria electoral de 1997. Se trataba de aprovechar el carisma de su líder y la promisoria renovación de una plataforma política al margen de conflictos mediáticos innecesarios.
En uno de los pasajes del libro se relata la temprana frustración de Campbell y Blair ante la visceral indiscreción mediática de una compañera de su partido, algo común en la época en que cada quien decía lo que quería en los medios bajo el argumento del saludable derecho a discrepar públicamente. En un tono abiertamente desmoralizado, Blair le confiesa a Campbell que mientras esas cosas sigan pasando nadie los tomará en serio. Con “nadie” Blair se refería a los votos que se encontraban fuera del núcleo laborista e indispensables para vencer a los conservadores.
La larga cadena de escándalos mediáticos, incluidos los desfiguros de emblemáticos voceros, han sido uno de los argumentos recurrentes de por qué todavía son muchos quienes no consideran al PRD como una opción seria para gobernar. Especialmente quienes no habitan en estados gobernados por el PRD y que no tienen una simpatía política definida. Esos son los electores a los que el PRD tiende a eludir en sus campañas. A los que Elena Poniatowska no les dice mucho y que nunca en su vida madrugarían para ver un programa informativo del PRD en la televisión.
En los inicios del nuevo laborismo, Alistair Campbell estaba convencido de que comunicar la transformación era tan importante como moldear su sustancia. Un proceso simultáneo. Algo muy distinto a la manera de comunicar del PRD que continúa inmerso en la lógica informativa de no hablarles a quienes piensan distinto a ellos. Que busca los canales de siempre para decir lo de siempre a los de siempre. Que toma decisiones políticas primero y piensa cómo “difundirlas” después.
Sería muy cómodo cuestionar estas lecciones argumentando que ambos contextos, el británico y el mexicano, no tienen nada en común. Más difícil sería, sin embargo, emprender un proceso de transformación interna encaminado a que el PRD comience a pensar cómo comunicarse con un electorado que, tras el desenlace electoral del año pasado, verá las próximas elecciones con ojos muy distintos.
Investigador del CEIICH-UNAM
jueves, 12 de abril de 2007
Habermas Tv
La esfera pública es cuadrada. Adoptó ya la forma geométrica de una pantalla de televisión. El espacio para intercambiar opiniones y puntos de vista sobre temas de interés público y privado se encuentra hoy concentrado en la frecuencia televisiva. Esta esfera, que Jürgen Habermas definió originalmente como el sitio abstracto en donde las opiniones privadas se hacían públicas, se vuelve cada vez más un lugar inaccesible para las y los ciudadanos de este país. Discutir sobre temas diversos y fijar posiciones en torno a una taza de café era una premisa esencial del concepto desarrollado por el filósofo alemán. El objetivo no era ocioso, se trataba de ubicar la construcción de lo público en cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de una democracia.
No por nada la crítica más recurrente al concepto de esfera publica habermasiano es que su concepción es fundamentalmente burguesa y que solo una clase privilegiada tiene el tiempo, el interés y la oportunidad de participar en esta esfera pública. No obstante su corte utópico, la concepción de esfera pública nos puede ayudar a entender un fenómeno que se ha venido dando a últimas fechas en este país: que el diálogo ciudadano se haya convertido en una discusión primordialmente mediática.
Es tan difícil imaginarse a una institución del poder legislativo, ejecutivo o judicial, organizando un foro para discutir temas de interés público, facilitando una discusión más que su apresurada aprobación legislativa. Es increíblemente más sencillo hacer un spot y decir lo que se quiera sin tener que pasar por la enfadosa tarea de escuchar a los demás. La emisión de spots refleja la obsesión de nuestra clase política por controlar la agenda pública.
Existen valiosas excepciones. El Instituto Federal Electoral, por ejemplo, iniciará a finales de abril un ejercicio muy interesante de participación ciudadana en donde, quienes tengan interés, podrán externar su punto de vista en torno a la manera en la cual funciona el Instituto y los procesos electorales en México. Esto significará abrir un foro de discusión a nivel nacional organizado por una Institución pública en donde la voz de expertos en materia electoral se unirá a la de quienes tienen un genuino interés por contribuir al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral.
La apuesta de la clase política nacional, me convenzo con cada nuevo spot que sale al aire, se inclina hacia la anti-discusión. A la afirmación sin posibilidad de diálogo. A la confirmación de hechos y acciones más que a su ponderación. Pero sobre todo se trata de rendir cuentas ante un foro incapaz de interpelar, tamizar, cuestionar o exigir una explicación más profunda de las cosas. La pantalla sostiene que vamos bien, que las cosas se están haciendo, que el trabajo está, además de todo, bien hecho. Del otro lado, silencio. En el estudio de grabación donde se producen los spots ‘informativos’ del gobierno, de las cámaras, y de los ‘afortunados’ ciudadanos que pueden pagar por su propio tiempo aire, lo único que se escucha es la voz del que habla. Nadie está presente para externar su opinión respecto a lo que se dice en el mensaje. Si algo no puede hacer la televisión es escuchar. Vale preguntarse cómo dialogar con estos mensajes, cómo establecer una relación dialéctica con ellos. Cómo participar en su esfera pública.
La afirmación tácita de un spot transmitido por televisión es la de no escuchar. Es hablar sin estar dispuesto a escuchar a los demás. La audiencia, esa metáfora industrial que busca definir lo intangible, será incapaz de interpelar un mensaje. Eso lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas en los foros que así se los permitan. En esa esfera pública definida por Habermas. ¿No querrán el estado y los principales actores políticos participar en esta esfera? Hay que fomentar la discusión pública, organizada, plural, respetuosa y constructiva de estos y otros temas. Expertos o no todos tenemos el derecho y la obligación de opinar. Se trata de ver a la comunicación como un proceso de intercambio y no de transmisión. En esto los spots se han convertido en los puntos finales de cualquier discusión. Una vez transmitidos se da por sentado que la discusión original ya terminó.
No por nada la crítica más recurrente al concepto de esfera publica habermasiano es que su concepción es fundamentalmente burguesa y que solo una clase privilegiada tiene el tiempo, el interés y la oportunidad de participar en esta esfera pública. No obstante su corte utópico, la concepción de esfera pública nos puede ayudar a entender un fenómeno que se ha venido dando a últimas fechas en este país: que el diálogo ciudadano se haya convertido en una discusión primordialmente mediática.
Es tan difícil imaginarse a una institución del poder legislativo, ejecutivo o judicial, organizando un foro para discutir temas de interés público, facilitando una discusión más que su apresurada aprobación legislativa. Es increíblemente más sencillo hacer un spot y decir lo que se quiera sin tener que pasar por la enfadosa tarea de escuchar a los demás. La emisión de spots refleja la obsesión de nuestra clase política por controlar la agenda pública.
Existen valiosas excepciones. El Instituto Federal Electoral, por ejemplo, iniciará a finales de abril un ejercicio muy interesante de participación ciudadana en donde, quienes tengan interés, podrán externar su punto de vista en torno a la manera en la cual funciona el Instituto y los procesos electorales en México. Esto significará abrir un foro de discusión a nivel nacional organizado por una Institución pública en donde la voz de expertos en materia electoral se unirá a la de quienes tienen un genuino interés por contribuir al perfeccionamiento de nuestro sistema electoral.
La apuesta de la clase política nacional, me convenzo con cada nuevo spot que sale al aire, se inclina hacia la anti-discusión. A la afirmación sin posibilidad de diálogo. A la confirmación de hechos y acciones más que a su ponderación. Pero sobre todo se trata de rendir cuentas ante un foro incapaz de interpelar, tamizar, cuestionar o exigir una explicación más profunda de las cosas. La pantalla sostiene que vamos bien, que las cosas se están haciendo, que el trabajo está, además de todo, bien hecho. Del otro lado, silencio. En el estudio de grabación donde se producen los spots ‘informativos’ del gobierno, de las cámaras, y de los ‘afortunados’ ciudadanos que pueden pagar por su propio tiempo aire, lo único que se escucha es la voz del que habla. Nadie está presente para externar su opinión respecto a lo que se dice en el mensaje. Si algo no puede hacer la televisión es escuchar. Vale preguntarse cómo dialogar con estos mensajes, cómo establecer una relación dialéctica con ellos. Cómo participar en su esfera pública.
La afirmación tácita de un spot transmitido por televisión es la de no escuchar. Es hablar sin estar dispuesto a escuchar a los demás. La audiencia, esa metáfora industrial que busca definir lo intangible, será incapaz de interpelar un mensaje. Eso lo hacen los ciudadanos y las ciudadanas en los foros que así se los permitan. En esa esfera pública definida por Habermas. ¿No querrán el estado y los principales actores políticos participar en esta esfera? Hay que fomentar la discusión pública, organizada, plural, respetuosa y constructiva de estos y otros temas. Expertos o no todos tenemos el derecho y la obligación de opinar. Se trata de ver a la comunicación como un proceso de intercambio y no de transmisión. En esto los spots se han convertido en los puntos finales de cualquier discusión. Una vez transmitidos se da por sentado que la discusión original ya terminó.
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